Guanajuato.- Es prematuro analizar la participación que tendría el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) en la elección de jueces y magistrados que se podría realizar a través del voto popular en junio de 2025, en caso de aprobarse la reforma judicial que se discute en el Congreso de la Unión.
Brenda Canchola Elizarraraz, consejera presidenta del IEEG, mencionó que solo a partir de que se concrete la reforma constitucional, de la cual derivarán armonizaciones legislativas hacia el Instituto Nacional Electoral (INE) y, posteriormente, hacia los estados a través de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), se podría comenzar a planificar su colaboración, si es que se rigen bajo los mismos principios que las elecciones actuales.
Lo que necesitamos las autoridades electorales son reglas claras, para que, derivado de esas reglas, ahora sí, si hay algo que faltó regular, nosotros tomemos las medidas necesarias para regularlo”, afirmó.
Aclaró que aún no cuenta con todos los elementos sobre el tema, y advirtió que esto requeriría una planificación profunda, no solo en cuanto a los mecanismos de votación, sino también sobre la asignación de recursos financieros y humanos.
“Estamos hablando de cuántos cargos, estamos hablando de todo el Poder Judicial del Estado: juzgados menores, juzgados de partido, hay salas civiles, salas penales. Para cada uno de esos cargos tendría que haber una boleta y una urna, entonces tan solo imaginar ese despliegue de candidatos (…) He estado escuchando que en la boleta iban a aparecer todos los nombres y que nosotros los tendríamos que escribir, entonces, el acceso de todas las personas para poder ejercer el voto, cómo se materializa en las personas que tengan alguna discapacidad”, cuestionó.
La necesidad de reglas claras
En cuanto a la controversia sobre la reforma y la posible desaparición de organismos autónomos federales, Canchola recordó que el IEEG ya se había enfrentado a una situación similar durante la última gran reforma electoral, cuando se discutió la eliminación de los OPLES.
Esta propuesta fue suspendida por una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Suprema Corte, lo que resultó en la creación del Sistema Nacional de Elecciones del INE.
Considero que los organismos autónomos responden a una necesidad ciudadana, a un reclamo ciudadano que tiene que ver con el ejercicio pleno y de los derechos humanos”, agregó. Subrayó que estos derechos deben ser progresivos, no regresivos.
Añadió que es fundamental que las autoridades locales, con su conocimiento del territorio y su contexto cultural, político, social y económico, lideren los esfuerzos para garantizar el derecho de votar y ser votado.
También insistió en la importancia de que estos organismos mantengan su autonomía y estén libres de la injerencia de los gobiernos estatales y federales.
Retos en la representación de mujeres
Por otro lado, la consejera presidenta del IEEG reconoció que, aunque el proceso electoral reciente permitió la llegada de la primera mujer a la gubernatura de Guanajuato, aún hay un desafío en cuanto a la elección de mujeres en las presidencias municipales.
En las elecciones de 2018 se eligieron 13 alcaldesas, cifra que apenas aumentó a 14 en 2021 y 2024.
El Congreso sí es un congreso paritario, por supuesto —la elección de— la primera gobernadora, pero en los ayuntamientos tenemos un pendiente”, aceptó.
“Desde mi perspectiva, vamos a tener que implementar alguna medida adicional porque las postulaciones son paritarias, incluso las postulaciones fueron mayoritariamente mujeres, pero ya al momento de la votación y de los cargos, no tenemos un resultado mucho más alentador”.
Sugirió que podrían adoptarse estrategias similares a las aplicadas en otros lugares, donde se ha tenido que forzar un poco la inclusión de las mujeres, “a lo mejor establecer, no sé, municipios exclusivos como lo hizo el INE con los estados, diciendo ‘para este proceso electoral en tantos estados va a haber mujeres encabezando las planillas’”.
A pesar de estos desafíos, 567 mujeres fueron electas en el proceso estatal de 2024. Además, la participación ciudadana aumentó, pasando del 52.9 % en 2018 al 55.95 % en 2024, aunque no se alcanzó la meta del 60 %.
Avances en inclusión
Canchola celebró que, gracias a la implementación de acciones afirmativas, grupos históricamente discriminados lograron representación en los ayuntamientos, con 77 lugares en regidurías para personas con discapacidad.
También se consiguieron seis diputaciones: dos para integrantes de la comunidad de la diversidad sexual y de género, dos para personas con discapacidad, una para migrantes y otra para la comunidad indígena.
Asimismo, destacó la gran participación de las personas votantes en el extranjero, donde más de nueve mil de las alrededor de 12 mil personas originarias del estado que tenían derecho a votar ejercieron su voto.
Eso denota que la política interna mexicana y guanajuatense también es de interés de nuestros connacionales”, dijo.
Seguridad en el proceso electoral
Al hacer un balance del proceso electoral reciente, Canchola reconoció que hubo un mayor grado de complejidad debido a temas de seguridad. No obstante, el día de la jornada no se registraron incidentes, y el operativo permitió la instalación del 100 % de las casillas y la recolección de los paquetes electorales.
“Por supuesto, hubo situaciones que se tuvieron que atender, pero más allá de eso, nos deja un aprendizaje de que esta colaboración no tiene que ser tan cercana a la jornada, sino que probablemente tenga que ser con mayor tiempo de anticipación, para nosotros tener acceso a un poco más de información estratégica, en caso de que las autoridades de seguridad consideren conveniente compartirla”, concluyó.
Presidencias municipales ganadas por mujeres:
En números
El dato
Las Acciones Afirmativas, de acuerdo al IEEG, “son medidas especiales, específicas y temporales para corregir desventajas y revertir la discriminación histórica que enfrentan algunos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos”.
AAK