Guanajuato.- La revisión nacional e internacional de la prisión preventiva oficiosa (PPO) en México ya tiene un impacto en el estado: abogados defensores han incrementado las solicitudes al Poder Judicial del Estado para eliminar el encarcelamiento de personas imputadas o por lo menos, que este quede justificado.
Y en una de cada tres solicitudes se logró la excarcelación, aunque los procesos continúan.
Nosotros vivimos un fenómeno prácticamente a finales del año pasado y principios de este año que fue el debate respecto a la prisión preventiva oficiosa, de que prácticamente todos los defensores se volcaron en solicitarnos audiencias para que la prisión preventiva que era oficiosa se discutiera en la sala su necesidad, que se justificara que la persona durante el proceso estuviera recluida, o bien si podía llevar su proceso en una medida cautelar diferente”.
Así lo expresó Héctor Tinajero Muñoz, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato (PJE).
“En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato ya prácticamente revisamos el 99 % de las cautelares, quedará una o dos todavía pendientes, ya revisamos y los que se quedaron en prisión es porque se justificaba que estuvieran en prisión como medida cautelar, los que egresaron es porque se justificaba otro tipo de medida, pero ya prácticamente no tenemos oficiosa”, dijo hace unos días.
Entre enero y julio de este año hubo 124 solicitudes de audiencias en el PJE para tratar de cambiar esta medida cautelar.
Del total de solicitudes, en nueve casos no procedió el cambio, en 92 sí fue procedente y hubo 23 audiencias no desahogadas (por desistimiento de la solicitud o incomparecencia de alguna de las partes).
En aquellos 92 casos donde sí se cambió la medida, a 53 personas se le confirmó la prisión preventiva justificada y en los 39 casos restantes se cambió la reclusión con otro tipo de medida, como la fianza, la orden de alejamiento de la víctima, prisión domiciliaria, presentación periódica ante el juez, prohibición de salir sin autorización del país o del ámbito territorial que fije el juez, entre otras.
Bajo la lupa
Héctor Tinajero recordó que en febrero de 2024 el Ejecutivo federal presentó una iniciativa de reformas para ampliar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, que actualmente solo aplica para delitos graves de índole federal (delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, entre otros) y sumar delitos del fuero común (extorsión, narcomenudeo, producción y distribución de drogas sintéticas, como el fentanilo y sus derivados, defraudación fiscal, etc.).
Mencionó que en otro sentido hay una condena de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano, con dos sentencias dictadas contra México con motivo de esta figura (la PPO), donde exige eliminar justo la prisión preventiva y conmina a los jueces a su revisión.
La discusión está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determine el alcance de estas resoluciones y en la cancha del Poder Legislativo Federal, que decida si va a reformar o no la Constitución, nosotros estamos esperando cualquiera de las dos decisiones”, dijo el titular del PJE.
Beneficio social
La eliminación de la Prisión Preventiva Oficiosa puede equivaler para muchas personas a dejar libres a delincuentes para que estén en la calle, pero hay que leerlo al revés, propuso Mily Montes Manrique, presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados capítulo Guanajuato.
Si a usted y a mí nos acusan de un delito, no nos pueden encarcelar y mantener ahí a menos que se nos compruebe ese delito, esa es la presunción de inocencia, el beneficio social es exactamente ese: que todos tengamos la garantía de ser inocentes hasta que se nos compruebe lo contrario con un debido proceso y después de haber sido juzgados”.
Y recordó que la CIDH dictó sentencias en contra del gobierno mexicano por haber mantenido a algunas personas hasta 17 años en prisión preventiva oficiosa (Caso García Rodríguez y Otro Vs. México), de ahí que los abogados defensores pidan la revisión de esta medida cautelar para beneficiar sus clientes y garantizar el respeto a los derechos humanos de todos.
La abogada coincidió con Tinajero Muñoz en que el PJE funciona eficazmente en Guanajuato, en cuanto a la revisión de estas solicitudes, para prevenir que los imputados estén encarcelados anticipadamente.
AAK