Salamanca, Guanajuato.- Nicolás Pérez Ponce, presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), descartó que hubiera alguna amenaza en contra del anexo de la colonia El Rosario donde se registró una masacre la noche de este 1 de octubre.
También confirmó que en el lugar 4 internos murieron, 5 resultaron heridos y 4 personas fueron privadas de su libertad, entre ellas la dueña y la encargada del anexo.
El centro de rehabilitación tenía funcionado aproximadamente un año y medio en el inmueble que se ubica en la esquina de las calles Reforma y Calera y había entre 45 y 50 internos.
“La semana pasada nos reunimos con César (Prieto), el alcalde de Salamanca, e íbamos a tener una reunión este viernes para pedir precisamente seguridad, pero lamentablemente no contábamos con esto, entonces hoy nos comunicamos con el Secretario (de Ayuntamiento, Jesús Guillermo García Flores), porque nosotros no podemos parar (…) nos la pospusieron para después del día 10 de octubre”, comentó el presidente de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío.
Nicolás Pérez Ponce enfatizó que exigirán la reunión con el Alcalde de Salamanca para revisar la situación ya que el CRUB tiene en Salamanca otros 7 anexos a los que representa.
Comentó que en Salamanca hay alrededor de 45 anexos y abundó que en el estado de Guanajuato había 13 centros de rehabilitación reconocidos en su momento por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y actualmente solo están reconocidos 9.
Los municipios y las autoridades municipales se enfocan en que los centros regulares, son aquellos que ya cuentan con el permiso de usos de suelo, pero independientemente de que todos los centros cuenten con el permiso de uso de suelo, pues eso no garantiza que no vaya a pasar una situación como la que pasó ayer o como las que han venido pasando en diferentes ocasiones”, dijo.
El presidente de CRUB argumentó que los ataques y hechos violentos en contra de anexos se van a inhibir hasta que las autoridades estatales tomen conciencia de que los centros de rehabilitación son un sector muy vulnerable.
Y por último, señaló que no piden que se pongan policías en las puertas de los anexos, pero si es necesario que se hagan rondines y que los gobiernos locales trabajen en coordinación con los centros de rehabilitación, ya que son instancias con experiencia para tratar de disminuir el problema de salud pública que generan las adicciones.
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