Hace unos días se llevó a cabo el Diálogo CEO México-Estados Unidos con el propósito de promover una estrategia para aumentar la inversión privada nacional y estadounidense en México.
Como acontece desde hace varios años, el evento fue coordinado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Consejo Coordinador Empresarial en México. Participaron 240 líderes empresariales, incluyendo algunos de Canadá.
El contexto en el que ocurre esta reunión es de una gran relevancia. Por un lado, la próxima revisión del T-MEC que se llevará a cabo en 2026, que sustituyó al TLCAN a instancia del expresidente Donald Trump. Del lado estadounidense, la gran incógnita es quién ganará la elección presidencial en noviembre. Un triunfo de Trump con una mayoría republicana en el Congreso implicaría el mayor peligro para la continuación del tratado comercial de América del Norte, al menos como ha operado hasta ahora.
En segundo lugar, esta reunión tuvo, como una de sus temáticas centrales, la preocupación de los líderes empresariales por la recientemente aprobada reforma judicial, que, como es sabido, ha generado serias dudas entre los empresarios nacionales e internacionales sobre el marco y la certeza jurídica en que operarán las empresas.
Los organizadores del evento se enfrentan a un problema de cómo cuadrar el círculo de una reforma judicial que no otorga certidumbre a inversionistas y la de convencer a estos de aumentar sus inversiones. Hay un intento de última hora por parte del oficialismo de solventar los problemas de la reforma judicial en leyes secundarias. Pero si la dificultad es estructural, un remedio derivado no va a solucionar el problema fundamental.
La comunidad empresarial está preocupada no solamente por los efectos perversos de la reforma judicial, sino también por el clima de negocios adverso debido a la creciente inseguridad en el país, la militarización de la vida civil, la ideologización del régimen que no deja de mostrar su simpatía por regímenes como el venezolano, el proyecto de reforma que busca liquidar la actual infraestructura de organismos autónomos y la puesta en marcha de un modelo económico de bajo crecimiento y paulatino endeudamiento.
Esta situación ya se está manifestando en el tipo de cambio, donde el peso ya rebasó, en varios momentos, las veinte unidades por dólar.
La disposición del gobierno mexicano de conversar con algunos de los más importantes CEOs de los dos países es una buena idea que ocurre en un contexto adverso producido por el propio régimen.
Sin duda, el sector empresarial norteamericano sacará sus propias conclusiones de la reunión, más allá de los comentarios vertidos a la prensa. A menos de dos años de la renegociación del tratado de libre comercio de la región es indispensable que nuestro país cuente al sector empresarial como un gran aliado estratégico. Esa ha sido la apuesta de la participación paralela de la Presidenta de la República en el encuentro.
La narrativa oficial de la nueva administración ha sido hasta ahora positiva hacia los inversionistas. Eso es una buena noticia. Sin embargo, varias de las acciones que ha emprendido el gobierno federal, sobre todo en el ámbito legislativo, lanzan señales en el sentido contrario. El dilema al que hoy se enfrentan muchos líderes empresariales es si deben confiar o no en la estabilidad institucional y la del estado de derecho en México en el mediano y largo plazo. Derivado de las fortalezas del País, la pujanza de la clase empresarial y el contexto geopolítico global, hay una gran oportunidad para que nuestro País reciba flujos inusitados de inversión. El desafío mayor es evitar que las políticas públicas del nuevo gobierno no sean inhibidores de esta coyuntura irrepetible para que México logre acelerar su desarrollo y con ello se logré mayor bienestar para la población.
* Abogado y Diputado Federal