Los guanajuatenses estamos siendo testigos del alto costo que significará para el actual gobierno, la transfiguración de Diego Sinhué en empresario exitoso. Inmediatamente nos surge el recuerdo del personaje, seguro de sí mismo, con tejana calada y puro en la boca, que pontificaba frente a su entrevistador sobre cómo conceptualizaba la conducción de su gobierno. Un bufón.
La entrevista de Miguel Zacarías se trató de un buen trabajo periodístico, que condujo al mandatario para que se fuera expresando bajo el influjo de su soberbia. Desde allí se encontraron algunas claves de su tránsito por el poder, como asumirse como “líder moral del PAN”… ridículo. Con todo descaro develó su nueva faceta de empresario (que solo conoce el SAT y transparencia, según él) basado en sus múltiples habilidades y talentos: negociante, agricultor, perito grafoscópico y abogado. Un currículum envidiable para cualquier aspirante a émulo de Carlos Slim.
En nuestro estado, ya conocemos la verdad. Sabemos de dónde viene la adquisición de rancho, caballos finos, negocios inmobiliarios encubiertos por empresas beneficiadas por jugosos contratos, todo escanciado por buenos vinos especialmente seleccionados para el provinciano sommelier. Sus allegados le pusieron humo en la cabeza y este se creyó todos los cuentos. Hoy es un empresario con pies de barro.
Pues bien, esta transfiguración tiene un gravoso costo para el nuevo gobierno, que ha tenido que empezar a pagar de inmediato. Libia García se vio obligada a mantener como operador financiero a Juan Carlos Alcántara para que finiquite proyectos inconclusos que garanticen la ascendente carrera empresarial del exgobernador. Esa designación ya desmoronó la promesa de una gestión honesta. También deberá cargar con los costos de la asignación de la sospechosa concesión de la carretera San Miguel – Silao y de la construcción de edificios para la burocracia. Todo manifiesta tortuosos procesos contaminados por el tráfico de influencias.
Pero lo más sorprendente es el desencuentro con la clase empresarial guanajuatense, traicionando el pacto con el que se operaba todo el sistema de ayudas filantrópicas y de colaboración con la seguridad pública. Imaginemos el tipo de irregularidades que contenía el Fidesseg, para no dudar en imputarles calificativos de deshonestos, opacos e ineficientes, a la élite empresarial de Guanajuato. Sin mediar diálogo o posibilidad de acuerdo alguno, la gobernadora expidió un sorpresivo decreto, sin sustento documental alguno, que extinguió el fideicomiso de marras, tornado en papa caliente, que traía en las manos.
La eliminación era indispensable para evitar que la transparencia y las auditorías descubrieran los faltantes del fondo. Así se ganan ahora las elecciones, metiéndole la mano a las bolsas de los dineros públicos.
Hay que profundizar el análisis de estos hechos. Este embrollo explicita un problema estructural de gestión gubernamental. Fíjense bien, para poder sostener a la cleptocracia que operó en el gobierno anterior, se desmontaron todos los mecanismos de control de la corrupción. El sistema anticorrupción está en manos de nuevos consejeros de bajo perfil que no incomoden a la autoridad. No va a servir para nada. La Auditoría Superior brilló por su ineficacia y su ausencia de resultados. Anulado por su jefe, el fiscal anticorrupción fue un fantasmal empleado que se perdió en el laberinto de la burocracia sin dar pie con bola. La Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas, ni transparentó ni rindió cuentas de nada. ¿Alguien conoce el nombre de ese gris exsecretario?
Pero comencemos a vincular temas. Se acusó a los empresarios de deshonestos en el manejo del Fidesseg. ¿Qué dato aportó la secretaria de la Transparencia en referencia a violaciones imputadas a la parte empresarial? Nada. Ahora la nueva secretaria de la Honestidad recibe una institución sin filo, que se dedicará a encubrir la transfiguración de un exgobernador en empresario. Su gestión, avalada por el Congreso -¿y la oposición?- no dará resultados. Veremos cómo se tolera la corrupción galopante que ha operado en el estado en los últimos tiempos. La simple amistad con la gobernadora no es un motivo suficiente para avalar la reciente designación. El Congreso es responsable de haber ratificado ese nombramiento, sin ni siquiera entrevistar en comisiones a la funcionaria nominada. Para enderezar el mal comienzo se necesitarán frutos tangibles desde esa deslucida función, que den esperanzas a los ciudadanos de que las cosas cambiarán.
Mientras los diputados tomaban la protesta de la nueva secretaria que se encargará de que la honestidad reine en Guanajuato, las orquestas, la Cruz Roja, las escuelas, los grupos solidarios y muchas organizaciones sociales pagarán el costo de la corrupción. Una tragedia.