Guanajato.- Entre los impactos relacionados con la reforma al Poder Judicial, a nivel económico, están que las calificadoras a nivel internacional comenzaron dando reactivos negativos a México debido a la incertidumbre.
Explicó María Fernanda Aguayo González, directora de género en el Consejo de la Judicatura Federal.
Las calificadoras han comenzado a emitir ciertas preocupaciones, porque la reforma en teoría no genera la independencia judicial”. Considerando que la elección popular (de jueces y magistrados), podría llegar a mermar en la imparcialidad de las personas juzgadoras.
Detalló que esto genera temor en las inversiones extranjeras; si bien no se tiene una calificación puramente negativa, es porque no se han aclarado las reglas del juego de esta reforma, esté compás de espera permite tener calma para ver qué es lo que viene.
Precisó que, de acuerdo a la reforma judicial, tendría que emitir las leyes secundarias entre diciembre y enero, para dar paso a las elecciones en junio.
Aguayo González señaló que todavía no hay claridad en el costo que tendría la elección, la destitución masiva traerá una erogación importante por las indemnizaciones. ¿De dónde va a salir el dinero?
Expuso que en el ámbito empresarial, la mayor preocupación es continuar o no invirtiendo.
Todavía no está tan claro hacia dónde vamos, hay muchos procesos que desconocemos no solo nosotros, también la propia administración. La propia elección carece de criterios objetivos”.
Esta falta de claridad genera incertidumbre, sumado a la falta de imparcialidad que generaría la postulación desde el gobierno Federal, hay una seria preocupación en cuanto a que se va abrir la puerta a la delincuencia organizada
“Decir que las personas juzgadoras no hacen política me parece erróneo, porque las personas juzgadoras generan sentencias que impactan a la política”.
Recordó que con la reforma, los asuntos que no se resuelvan rápido, las personas que están interviniendo en el proceso podrán dar vista al tribunal de disciplina.
A esto se suma la falta de experiencia que puede traer esta modificación, ya que a diario en los juzgados se reciben, en promedio, 150 promociones diarias. “Si las personas no tienen experiencia a que nos estaríamos enfrentando”.
Aguayo González, señaló que hay un retroceso en la progresividad de los derechos humanos, el juicio de amparo propiamente había avanzado, generando igualdad ante los tribunales. En afectaciones a derechos humanos, solo era necesario un amparo para garantizar derechos colectivos.
Por ejemplo; en el plan nacional de vacunación a las personas menores de 18 años, no estaban consideradas. Gracias a que una jueza emitió una suspensión todos los menores se vacunaron, atendiendo a un solo amparo.
Como conclusión, la Directora destacó que se abre un espacio para la incidencia. Al hacerlo tan al vapor, se generan muchos problemas. En muchas de las bancadas no tienen claro cómo se va hacer.
AAK