Lo que nos ha puesto en crisis es una reforma que altera en lo esencial la arquitectura de los equilibrios.
El hilo constitucional puede romperse en unas horas. Ese es el aire funesto que respiramos. El poder quedará a la intemperie, con su fuerza y con sus muchos votos, pero fuera de la ley. La crisis constitucional camina hacia la ruptura constitucional. Tiene razón el ministro Juan Luis González Alcántara cuando advierte que esta crisis no es una amenaza en el futuro cercano, sino la condición presente. Estamos en una crisis constitucional porque “no existe certeza sobre cuál es el derecho vigente, quién es la autoridad encargada de aplicarlo y cuáles son las consecuencias de las decisiones tomadas”.
El conflicto entre poderes es signo de salud en una democracia constitucional. Los departamentos están diseñados precisamente para el desacuerdo, para que los poderes se vigilen y se limiten mutuamente. La discrepancia sirve al arrego democrático, siempre y cuando exista un árbitro que resuelva el pleito y exista la determinación de aceptar su veredicto. Lo que nos ha puesto en crisis es una reforma que altera en lo esencial la arquitectura de los equilibrios. Modificar la configuración del juez como se pretende es alterar la mecánica de todo el aparato constitucional, vulnerar derechos esenciales, romper compromisos con el mundo. Es en defensa de ese mecanismo de moderaciones, en favor de los derechos y la palabra de México frente al exterior que la Suprema Corte ha de intervenir.
El proyecto que el ministro González Alcántara ha hecho público es jurídicamente sólido y políticamente sensible. Lejos de reducir su tarea a la condena definitiva o absolución completa de la reforma, traza un camino de prudencia. La sutileza de su argumentación está destinada a generar molestias en todos los campos. Para unos, examinar la validez de las reformas constitucionales es, más que un exceso, una provocación, una verdadera herejía. Exigen para su cuestionable mayoría calificada el trato reverencial ante el Soberano. Para los defensores de la reforma, la única respuesta aceptable ante el rodillo de la mayoría calificada es el silencio y la obediencia. Están convencidos de que su aplanadora merece la adoración por lo divino: nuestra palabra es verdad incuestionable que no puede hacer el mal. Para otros, el proyecto se queda corto al dejar en pie piezas brutalmente lesivas al orden constitucional con la intención de salvar la carrera judicial. Dar por perdida la autonomía de la Corte para cuidar el profesionalismo y la autonomía en el resto de los tribunales.
El proyecto se discutirá mañana en una sesión del máximo dramatismo. La sesión será, seguramente el último debate trascendente que tendrá la Suprema Corte de Justicia como una columna independiente de la República. Dentro de unas horas escucharemos la última voluntad del tribunal constitucional mexicano. El proyecto del ministro González Alcántara ofrece un camino razonable para encauzar la crisis. Le abre al gobierno una salida decorosa y, sobre todo, constitucional, para evitar los efectos más devastadores y caóticos de la reforma anunciada. A poco tiempo que abra la sesión testamentaria se intensifica la incertidumbre de la votación. ¿Logrará el proyecto los ocho votos que necesitaría para declarar la reforma parcialmente inconstitucional? En ese caso, a la presidenta de México y al Congreso de la Unión no le queda más alternativa legal que acatar la resolución del último tribunal. El desacato que la Presidenta ha insinuado es aviso de una ruptura constitucional. Ningún juez, ningún tribunal está por encima del pueblo de México, ha dicho en el tono amenazante de los autócratas de todos los rincones del mundo. La verdadera protectora de la Constitución soy yo, no la Corte. La Presidenta muestra su determinación de gobernar por encima de la Constitución. La presidenta de México y su coalición están dispuestos a romper el orden constitucional.
Con toda nitidez, se manifiesta una determinación dictatorial. No hay otra manera de describir el aviso que ha hecho la presidenta Sheinbaum a México y al mundo. Mi gobierno interpreta su legitimidad como permiso para violar la Constitución de la República e ignorar las resoluciones del órgano supremo encargado de interpretarla en última instancia.