No soy quién para desprender hojas de la Constitución”.
Alberto Pérez Dayán
Hay que conservar el video de la discusión de ayer sobre la reforma judicial en la Suprema Corte porque ya no tendremos nada similar. Fue un debate abierto, con posiciones encontradas, que será inviable en los tribunales de un régimen de partido único. La decisión de la Corte pone fin al breve período, desde 1995 hasta la fecha, en que hemos tenido una judicatura independiente. Cuando concluya la reforma, que no tiene ya ningún obstáculo enfrente, todos los jueces, magistrados y ministros tendrán que alinearse a las posiciones de la Presidencia.
Vimos también algo que será muy raro en el futuro: ministros que toman decisiones por sus principios. Mucha gente se sorprendió de que Alberto Pérez Dayán haya votado contra el proyecto de Juan Luis González Alcántara que invalidaba partes de la reforma judicial, pero no quien conoce sus posiciones desde hace años. Pérez Dayán siempre ha declarado que la Corte no tiene facultades para invalidar artículos constitucionales. En 2022 dijo: “No me corresponde asumir una tarea para la que no se me asignó. No soy quién para desprender hojas de la Constitución”. Esto dejó la votación ayer siete a cuatro, con una mayoría simple a favor de la invalidación, pero sin la mayoría calificada de ocho que hasta la reforma judicial era indispensable para decretar la invalidez de una norma general.
De la misma manera, Luis María Aguilar, Jorge Pardo y Pérez Dayán votaron en contra de una propuesta de último momento de la ministra presidenta Norma Piña para permitir que la Corte pudiera invalidar la reforma con seis votos. La propuesta surgió porque la reforma judicial está tan mal hecha, después de su aprobación al vapor, que modificó el artículo 105 de la Constitución para que la Corte pudiera invalidar normas con seis votos, en lugar de ocho, pero en un pleno de nueve ministros y no de 11. Ni la consejería jurídica de la Presidencia ni ningún legislador pensó en poner un artículo transitorio que dijera qué ocurriría mientras el pleno seguía teniendo 11, como hasta ahora. Aguilar, Pardo y Dayán rechazaron la propuesta por principio, aunque hacía inevitable que se desestimara la invalidez de la reforma judicial que los tres han criticado.
Pérez Dayán declaró que no está de acuerdo con la “irresponsable” reforma judicial, pero culpó a las autoridades electorales de permitirla cuando “repartieron los escaños” del Congreso. “Miles de personas verán lastimosamente truncados sus esfuerzos y compromiso por una nación más justa”, apuntó.
Las tres ministras de Morena, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, mostraron cómo actuarán los juzgadores del futuro. Lo importante para ellas era mostrar su lealtad al régimen. A ellas sí las dejarán pasar los comités de evaluación que escogerán a los candidatos para las elecciones judiciales.
Gerardo Fernández Noroña, el presidente morenista del Senado, celebró a su manera: “¡Ganamos, ganamos! ¡Tengan para que aprendan!”. Añadió: “Le[s] reconozco la decencia a quienes no estando de acuerdo con nosotros dijeron [que] esto es un extremo que no se puede tolerar. Me da mucho gusto que la actitud canalla ha sido derrotada”.
Es el fin de una era de independencia judicial. Lo que vendrá ahora podrá ser una dictadura o una dictablanda, si la presidenta Sheinbaum decide gobernar con sensibilidad y apertura.
Ya no habrá juzgadores independientes que otorguen suspensiones para detener las acciones de un gobierno que no se molesta en cumplir con los requisitos legales para sus obras o que detiene a sus adversarios por ser críticos. Ya no habrá un tribunal constitucional que invalide reformas que violen derechos individuales. Solo la presidenta podrá impartir justicia.
Mentira
Donald Trump denunció ayer un “fraude masivo” en Filadelfia, Pennsylvania, sin ofrecer datos o pruebas. La declaración demuestra su actitud ante estas elecciones. Si él gana, será un triunfo legítimo; si pierde, será un fraude, aunque no haya pruebas. La mentira es su arma favorita.
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