El pasado miércoles, la gobernadora de Guanajuato, Libia García, a través de la publicación de un comunicado y un video, pretendió poner fin al conflicto magisterial derivado de la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los maestros de Guanajuato.
Los maestros se quejan de retenciones excesivas del ISR en sus depósitos de nómina quincenales. El Gobierno del Estado dice que la responsabilidad de la retención es del SAT, ignorando que cualquier entidad que pague un salario tiene la obligación de calcular, retener y enterar al fisco el ISR retenido, utilizando las tablas contenidas en la Ley del ISR, de manera que, si hay un error de cálculo al no haber incluido todas las percepciones de los maestros o hubo una mala aplicación de las tablas, esa no es culpa del SAT, sino de quien hace la retención.
El gobierno señala que no hubo errores de su parte y ofrece que para el año que viene esta situación ya no se repetirá, quedando con ello exhibido, pues si esta situación se va a corregir, ¿había error o no?
Lo más interesante de esta problemática no es precisamente si había un error o no; lo que llama la atención es cómo busca el gobierno resolverla, asignando recursos del presupuesto estatal para que a los maestros se les otorgue un “apoyo social” para “devolverles el monto” que les descontará el SAT en el aguinaldo. Es decir, gracias a nosotros, los contribuyentes, los profesores de nuestro estado tendrán una retención de impuestos menor (o no tendrán) en su gratificación decembrina.
La estrategia del gobierno generará un efecto circular, pues ese apoyo a los maestros, al no ser general para todos los trabajadores del estado, se convertirá, a su vez, en otro ingreso sujeto a retención de ISR, obligando al gobierno a aplicar un cálculo piramidal que lo hará mucho más costoso, y este último no será un ISR participable que pudiera quedarse en Guanajuato.
La Gobernadora justifica su decisión señalando que ella sabe lo que los maestros “se esfuerzan” para nosotros y para el gobierno, algo que evidentemente también aplica para millones de otros guanajuatenses que igualmente se “esfuerzan” a diario, los cuales no podrán acceder a este beneficio y tendrán que pagar el ISR de su aguinaldo.
Es preocupante la forma tan simple, pero a la vez irresponsable, mediante la cual se busca resolver un problema, es decir, a billetazos, repartiendo dinero público para apaciguar un descontento social que deriva sencillamente de la aplicación de una ley federal que es pareja para todos. Con la propuesta del gobierno se privilegia a algunos y se discrimina a millones, violando un derecho constitucional al generar un trato desigual a los iguales.
Esto sentará un precedente peligroso, pues ahora la autoridad se ubicó en un escenario donde cualquier otro reclamo social tenga que ser resuelto de la misma forma: con dinero. Hoy son los maestros, mañana los policías, pasado los doctores, después los burócratas en general, y no habrá nunca dinero que alcance.
Lo que sí es un hecho, y de lo que tal vez haya mucho que aprender, es que queda claro que las manifestaciones o reclamos ciudadanos son mucho más efectivos cuando los quejosos se organizan y toman medidas de resistencia civil para presionar a la autoridad y lograr finalmente sus objetivos.
En la defensa del Fidesseg, los empresarios tomamos el camino de las declaraciones mediáticas, las reuniones privadas y la publicación de uno que otro desplegado, que evidentemente no hicieron moverse al gobierno ni un centímetro y liquidó el fideicomiso. Hay que darnos cuenta de lo “importantes” que somos; me queda clarísimo que nos faltó tomar la caseta.
LALC