Fiscal y Ombudsperson
En los siguientes meses el Congreso del Estado tiene en su cancha dos nombramientos claves: el o la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg). Los procesos legislativos para ambos casos son distintos, pero una cosa es clara: los panistas tienen que negociar con opositores.
Hay que recordar que ambas designaciones requieren de la mayoría calificada en el Congreso del Estado, que son 24 votos de los 36 legisladores. El PAN tiene 16, más María del Pilar Gómez Esquivel, quien llegó por el PRD pero es militante panista. Tiene cerca a los tres del PRI, pero necesita dos votos del Verde y dos de MC.
El coordinador de la bancada, Jorge Espadas, ya pasó una primera prueba de nombramientos con mayoría calificada: Christian Cruz como magistrado y Arcelia González titular de la Secretaría de la Honestidad. Aunque lo que viene no será igual de sencillo.
Claro, el partido en el gobierno seguramente ya tiene sus perfiles palomeados para presentarse a las convocatorias y ser los elegidos.
El proceso legal para la renovación en la Fiscalía no ha comenzado, así que el año cerrará con calma mientras se despide tras casi 16 años el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre. A partir del 1 de enero, mientras haya ‘humo blanco’, la Gobernadora debe nombrar un encargado.
El inicio de año se pondrá ahora sí, sabroso. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Congreso contará con 20 días para integrar una lista de al menos cinco candidatos la cual enviará al Ejecutivo Estatal, quien tiene diez días para regresar una terna al Congreso de la cual, previa comparecencia de los propuestos, lo designará.
El Fiscal durará nueve años (Zamarripa tenía nombramiento hasta febrero 2028).
No hay que perder de vista que antes de terminar la pasada legislatura se aprobó por unanimidad una reforma para quitar el requisito de ser guanajuatense para este cargo.
Es temprano para hablar de nombres pero no está fuera de lugar el perfil del campechano Renato Sales, quien en junio renunció como titular de la Fiscalía General de Campeche.
Fue el último Comisionado Nacional de Seguridad Pública con Enrique Peña Nieto. Estuvo en primera fila en la presentación del programa de seguridad CONFIA, de la gobernadora Libia García, y ese día fue presentado como integrante del consejo consultivo estatal para la paz.
Del lado de las víctimas o del poder
El otro proceso que ya arrancó es el de titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que tiene como encargado de despacho a Eliseo Hernández, tras la anticipada salida en junio del panista Vicente Esqueda para ‘brincar’ al Tribunal de Justicia Administrativa.
Aunque el periodo de Vicente terminaba en diciembre, la Junta de Gobierno acordó emitir la convocatoria esta semana y nombrar al titular el 27 de febrero del 2025. Esto, aseguran, permitirá darle su tiempo al proceso en cada una de sus etapas. Sin pausas y sin prisas.
Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, entregó a los diputados un documento para considerar las buenas prácticas del proceso de designación seguidas por el Senado en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Aunque también las malas, al considerar que hubo valoraciones político-partidistas al incluir en la terna final a Rosario Piedra, la actual titular, un perfil 100 % alineado con la 4T.
Las recomendaciones incluyen que haya un proceso abierto desde la convocatoria hasta la designación, con la participación de la sociedad civil en las diferentes etapas, establecer una evaluación técnica de los perfiles y que la terna transparente los indicadores.
El Congreso debe elegir entre un Ombudsperson ‘azulado’ o de lado de las víctimas.
Morenos y Libia
Al interior del grupo de 11 diputados de Morena en el Congreso del Estado se han formado dos corrientes respecto a la relación que deben tener con la nueva gobernadora Libia Dennise García.
Unos sí quieren diálogo y reunirse con ella y tomarse la foto, como es normal en cualquier democracia.
Pero otros se resisten y todavía tienen cierta desconfianza por tratarse de una gobernadora emanada del PAN que llegó no sólo cuestionada por su partido sino impugnada ante los Tribunales Electorales por la entrega masiva de tarjetas rosas para comprar votos.
Los que sí quieren diálogo se montan en el discurso de que la Presidenta de la República, la morenista Claudia Sheinbaum y Libia Dennise ya están platicando y acordando estrategias conjuntas de seguridad. No lo ven riesgoso.
Y hay otra postura más contestataria, más dura o más prudente en la cual sí quieren diálogo, pero no ahorita.
Quienes están en este segundo grupo señalan que, a pesar del supuesto buen entendimiento con Libia, cada semana Claudia muestra estadísticas de violencia y delincuencia en Guanajuato en el top tres nacional.
“La postura general del grupo es: sí queremos dialogar pero no ahorita. Porque queremos ver qué postura hay de la gobernadora con los municipios, ver primero si tú nos apoyas, dialogaremos, pero no al revés. Porque desde el grupo parlamentario no obtenemos nada. No dialogamos, vemos cómo nos trata”, expresa David Martínez Mendizábal, coordinador de la fracción.
Pero no todos esperan a ver resultados como Edith Moreno Valencia, de Celaya, y Ernesto Millán Soberanes, de Silao, ambos legisladores de Morena por segunda ocasión. Ambos se entrevistaron hace unos días con Libia para pedirle cosas para los municipios que representan. Y al final, los tres se tomaron la foto juntos muy sonrientes.
Aunque el coordinador no lo dijo, AM conoció que Antonio Chaurand, de Celaya, también está en disposición de dialogar y reunirse con Libia Dennise.
En el grupo renuente a reunirse con la gobernadora además de David Martínez se encuentran Hades Aguilar, Carlos Abraham Ramos Sotomayor, de Irapuato; Ricardo Ferro, de San Miguel de Allende y Plásida Calzada, de Tierra Blanca.
La postura de David Martínez es: “Si aquí en Guanajuato somos oposición, no podemos ser tan facilitos, no de que ya nos mandó llamar la gobernadora y vamos”.
Él sí se reunió con Libia Dennise, antes de que ella tomara posesión como gobernadora, a petición de ella, y el único tema que trataron fue la petición de ella de que le diera el beneficio de la duda a Jorge Espadas Galván como coordinador parlamentario del PAN, y al ser la mayoría, por lo tanto, presidente de la Junta de Gobierno. “Yo me reuní con ella para que bajara la orden de que Espadas nos tratara adecuadamente”, reveló. Fue el único tema, según el coordinador morenista.
Pero no se tomó fotos con Libia, como todo mundo hace cuando se reúne con ella, por la coyuntura de ese momento, porque Alma Alcaraz Hernández, quien todavía era su compañera legisladora, como ex candidata a la gubernatura y contendiente de Libia, había impugnado la elección de la gubernatura y en eso David apoyó a Alma abiertamente, porque ambos estaban convencidos de que sí hubo algo ilegal en su triunfo.
Entonces de un día para otro no podía dar el “cambiazo”, olvidarse de esa impugnación y todos los cuestionamientos que le hicieron a la candidata panista y tomarse la foto muy sonriente. Fue un asunto de congruencia política.
“Entonces yo cuidaba la relación con Alma y con Morena, porque aquello de decir que Libia había incurrido en irregularidades, hubiera sido como darle la espalda a Alma”, explicó a AM. Y es que cuando se reunió con la gobernadora electa, el Tribunal Electoral todavía no había dado la decisión final sobre esa impugnación, que a la postre resultó rechazada.
El beneficio de la duda
Es evidente que la morenista Hades Aguilar Castillo, plurinominal también reelecta, es una de las más renuentes a tener algún contacto con la gobernadora, porque fue ella quien durante la Legislatura pasada, fue crítica del Fidesseg y sacó a la luz pública el tema y algunas de sus irregularidades desde la comparecencia de Jesús Oviedo Herrera como titular de la Sedeshu en 2023.
El tiempo le dio la razón a Hades porque la Gobernadora ahora comparte las mismas razones y acusa falta de transparencia y eficacia del fideicomiso.
Hades recibió llamadas de Palacio de Gobierno unos días antes de la toma de protesta de Libia pero no respondió al llamado.
Como parte de esa discusión interna de “los morenos” sobre cómo se relacionarán con la nueva gobernadora, fue la asistencia de cuatro de ellos a la presentación de la estrategia de seguridad CONFIA, el lunes pasado. Acudieron: los diputados locales David Martínez, Antonio Chaurand, Carlos Sotomayor y María Eugenia García. Por lo menos quieren mostrar buena voluntad hacia la titular del Ejecutivo porque ya vieron que, a diferencia de su antecesor Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que dio varias negativas a Andrés Manuel López Obrador -justificadas para muchos-, Libia está mostrando apertura, diálogo y colaboración con Claudia Sheinbaum, y eso sí lo ven bien “los morenos”, así que quieren actuar en consecuencia para no dinamitar ese aparente buen entendimiento.
Celaya, la hora de las culpas
El primer mes del gobierno morenista de Juan Miguel Ramírez Sánchez en Celaya se ha caracterizado por culpar a la administración y ofrecer pocas soluciones de los problemas que sigue teniendo el municipio.
Siguiendo al pie de la letra el manual de la cuarta transformación, Juan Miguel Ramírez ha enfocado sus esfuerzos en concentrarse en el pasado y buscar evidenciar las presuntas irregularidades y supuestos actos de corrupción que le dejó el gobierno que encabezó Javier Mendoza Márquez.
Cada día, el alcalde de Morena ha intentado sacar a la luz un nuevo tema aunque su equipo cercano no ha sabido respaldar gran parte de las denuncias públicas que ha realizado.
Desde las acusaciones de que su antecesor se llevó cinco camionetas blindadas, la desaparición de un dron de vigilancia, el hallazgo de vehículos de seguridad que estaban en mantenimiento, la red de cámaras que espiaba a los visitantes en presidencia municipal y los empleados aviadores que estaban en la nómina municipal, son parte de la larga lista de irregularidades reveladas pero poco sustentadas.
De lo poco tangible y que se ha evidenciado son las pésimas condiciones en las que se encuentra el Instituto Municipal de la Juventud ante el nulo mantenimiento que le dio el ex director Jesús Hurtado Arana, uno de los consentidos por el gobierno panista y que fue impuesto incluso sin tener la edad para dirigir la dependencia.
El propio Juan Miguel Ramírez ha asegurado que no es un politiquillo y ha quedado de manifiesto que no tiene filtros, situación que ha servido para que los celayenses confíen en su gobierno pero cada vez hay más voces que dudan que esta fórmula perdure mucho tiempo.
La violencia continúa y a pesar de los esfuerzos de sus mañaneras de seguridad en afirmar que la violencia ha bajado, la realidad es que la comparación se hace con uno de los periodos más violentos de que se tenga registro en el municipio donde la seguridad estuvo a cargo de la Guardia Nacional tras el desarme de la Policía Municipal que solo dejó algunas anomalías administrativas pero una estela de muchas dudas sobre las formas en que se llevó a cabo el proceso por parte de la Sedena.
Durante la primera semana de administración, Juan Miguel se comprometió a informar sobre un plan para los primeros cien días, cosa que nunca se presentó y no hay señales de que se esté haciendo un programa de gobierno acorde a las necesidades de la ciudad.
Los problemas revelados por la ex oficial mayor, Araceli Morales Mancera sobre acoso y hostigamiento laboral y violencia de género prenden las alarmas de que estas prácticas permeen en toda la administración, además de que se impongan perfiles morenistas que no abonen al proyecto de Juan Miguel Ramírez.