¿Sabe usted qué hace la Cofece? ¿La CRE? ¿La CNH? Sobre el Inai quizás sepamos más, es el que más espacios mediáticos parece haber ocupado recientemente; del Coneval se habla cada vez que sale algún dato relacionado con la medición de la pobreza; y al IFT le debemos que las tarifas que pagamos por los servicios de telefonía e internet sean cada vez más bajas. Esos organismos, a los cuales hay que sumar MejorEdu, desaparecerán. Su valía se dio por sentada y su existencia no encontró voces suficientemente poderosas que la defendieran.
Los siete organismos que se plantea desaparecer llevan a cabo funciones clave en la arquitectura económica del país. La Comisión Federal de Competencia Económica tiene el propósito de evitar prácticas monopólicas y anticompetitivas para procurar que los consumidores tengan acceso a bienes y servicios al mejor precio. La Comisión Reguladora de Energía, la CRE, tiene como objetivo que el sector energético -relacionado con electricidad principalmente- opere de manera eficiente en beneficio de los consumidores.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, se dirige al sector petrolero y de gas. Igual que las anteriores, tiene como meta que el sector sea eficiente y competitivo. El IFT -Instituto Federal de Telecomunicaciones- tiene también el propósito de generar un mercado competido en telefonía, televisión, internet, radio.
Son organismos distintos entre ellos pero todos comparten el objetivo ulterior de proteger los mecanismos de competencia que otorgan a los consumidores, o sea, a todos, bienes y servicios bajo las mejores condiciones posibles.
El Inai tiene a su cargo garantizar el acceso de los ciudadanos a información pública y proteger los datos personales. Coneval no solo nos da las cifras de pobreza sino que evalúa el rendimiento de los programas sociales. MejorEdu, en teoría, se centra en promover una mayor calidad educativa.
El costo de estos órganos autónomos es fácil de transmitir. En el presupuesto de este año se les asignaron cerca de cinco mil millones de pesos. La cifra suena altísima, aunque representa únicamente 0.06% del presupuesto público total del año.
Los beneficios, por su parte, son más difíciles de dimensionar. El impacto de su labor se encuentra distribuido entre la sociedad y por ende es difícil de medir y casi imposible de transmitir. ¿Cómo evaluar el contrafactual de que no existiera el Coneval? ¿Cuánto pagaríamos por la telefonía celular si el IFT no hubiera hecho su labor? ¿De qué tamaño sería la factura de la luz si la CRE otorgara más permisos o si simplemente no diera ninguno?
Su valor no puede evaluarse únicamente observando los costos sin tener en cuenta los beneficios.
Se argumenta que las funciones que estos organismos desempeñan serán incorporadas en otras dependencias de la administración pública. Por ejemplo, las funciones de la Cofece se incorporarían en la Secretaría de Economía y las de MejorEdu en la de Educación Pública. Habrá que ver los detalles -que aún no tenemos- pero desde luego ya no serían organismos autónomos cuya idea rectora radica en la independencia en sus decisiones y la capacidad que tienen de actuar sin interferencias.
Costos habrá muchos, pero el de la desaparición de estos organismos será mayormente absorbido por los consumidores mexicanos. Dicen por ahí que el bien más caro es el que no se tiene. Sin un diseño institucional adecuado, poco a poco lo constataremos.
@ValeriaMoy