Queridas víctimas de esta columna, pido disculpas para compartir una propuesta que ya presentamos al Congreso del Estado de Guanajuato, las familias que hemos adoptado a menores y que nos conocen como “Familias de Corazón Guanajuato AC”, red formada exclusivamente por familias adoptivas que pasamos por los requisitos de la ley sobre NNA (niñas, niños y adolescentes) y que aprobamos los trámites necesarios para ello; somos un grupo de autoayuda que busca visibilizar la realidad de los menores adoptados y no adoptados, creando una cultura de adopción en nuestro Estado.

Les expusimos a los diputados de todas las fracciones, que nuestra propuesta es restituir los derechos de los menores a tener una familia, dado que la actual ley dificulta las adopciones. Les dijimos que está comprobado que un menor institucionalizado tiene un rezago de un 25% cada año con respecto a un menor que tiene una familia. Los orfanatos hacen una gran labor, pero no suplen a la familia. La realidad de NNA “institucionalizados” en Guanajuato refleja no solo el contexto de violencia intrafamiliar, institucional y del crimen organizado. Las estadísticas muestran que el número de menores que viven en CAS (Centros de Asistencia Social) sigue creciendo y que no ha sido efectiva la política de buscar regresarlos a sus redes de origen, cuando allí se encuentran situaciones contrarias al desarrollo pleno del menor y que cuando ingresan al sistema de protección y adopción, los CAS trabajan en proporcionar casi la totalidad de los gastos que implica el sostenimiento de ellos, en tanto que el Estado aporta una parte económica mínima, establece normas y busca la supervisión de los orfanatos.

La Ley federal y estatal de NNA del 2017 y 2019 buscando proteger a los menores, evita su contacto con el mundo exterior y ha provocado no solo una complejidad de trámites para que familias puedan adoptar, sino que, al implementarse, ha incrementado el rezago de menores que podrían ser adoptados y que nunca lo serán. Los adolescentes (mayores de 12 años) no siempre tienen la posibilidad de expresar sus puntos de vista sobre el orfanato donde desean vivir, incluso, si desean o no ser adoptados. Nuestro sistema de adopción estatal, no ha avanzado como lo han hecho otros países (Argentina y España, por ejemplo) u otros estados (Jalisco y Nuevo León), que tienen legislaciones avanzadas que han reducido dicho rezago con sistemas de adopción abiertos y flexibles, fomentando la participación social para promover la adopción.

La ley estatal actual (reflejo de la federal), por ejemplo, evita el contacto de menores con el mundo exterior y en el caso de los adolescentes, esto les reduce la probabilidad de construir redes que les servirán a los 18 años cuando deben salir del orfanato a la vida independiente. Los requisitos para que una familia se certifique para acoger y adoptar a menores, son los mismos cuando son esquemas diferentes y tampoco permite que una familia pueda transitar de una certificación a la otra (así, los proyectos de acogimiento o familias temporales, lamentablemente, no han tenido éxito). El número de adopciones por año, no se ha incrementado y el número de adolescentes en orfandad, aumenta, tanto como la probabilidad de que ellos puedan tener una vida exitosa y plena, se reducen, dado que carecen de las herramientas humanas para la vida independiente. Proponemos que Guanajuato cuente con CAS especializados en adolescentes, toda vez que los que operan están especializados en menores y solo 2 tienen las condiciones idóneas para ellos, como estudios de secundaria y bachillerato y talleres tecnológicos.

La propuesta ciudadana presentada al Congreso, pide: facilitar los trámites de adopción, considerando a las familias que buscan adopción, como coadyuvantes de la restitución de derechos a los menores y no como potenciales sujetos de riesgo. Por tanto, por parte de la autoridad, dar un trato digno a las familias solicitantes y la información del status de trámites, pues los tiempos de respuesta tardan meses o años. Que aquellas familias que han tenido adopciones exitosas y certificados de adopción no tengan que cubrir en cada certificado la totalidad de los trámites que solicitan, sino solo actualizaciones. Que se establezcan juzgados exclusivos que prioricen los trámites de adopción y acogimiento para acortar la estancia de los niños en los CAS.

Asegurar el establecimiento del vínculo entre menores y familias adoptantes, para prevenir y reducir la alta estadística de adopciones fallidas, eliminando los actuales criterios de “ligar” en el proyecto de adopción a varios hermanos, lo que reduce o evita la adopción. La revisión de las estadísticas de otorgamiento de certificados de idoneidad para permitir que lo obtengan también, familias monoparentales, parejas del mismo sexo y adultos mayores, que son también solicitantes.

Que el sistema de adopción de adolescentes sea más flexible pues actualmente tienen los mismos requisitos que para un bebé. Gracias a todos los diputados que nos han recibido y escuchado.

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