Directivos y padres de familia de dos colegios aledaños de lo que será el Complejo de Seguridad, no han recibido respuesta del Gobierno local respecto a la inconformidad por la instalación de un edificio que resulta inseguro para los estudiantes.
Los inconformes enviaron el documento para exponer las razones por las cuales no debe estar ese edificio cercano a las instituciones, pero el Gobierno de la República canalizó el asunto al Gobierno del Estado y este a su vez al alcalde Justino Arriaga Rojas, quien no ha respondido.
El documento suscrito por los directores del colegio Kennedy y Alfa, Mauricio Eugenio Vázquez Ramírez y María Elena Barroso Ortiz, habla del descontento que existe por la instalación de ese edificio (anteriormente Country Club), que albergará a la dirección de Seguridad Pública, Policía Vial, Fiscalización, Área Técnica, Coordinación General de Seguridad Ciudadana, Barandilla, Protección Civil, Academia de Policía, Prevención al Delito, y Consejo de Honor y Justicia.
La primera inconformidad es que tanto padres de familia y personal de las dos instituciones, considera inadmisible que los alumnos se encuentren intimidados ante la presencia continua de patrullas, delincuentes y operativos de seguridad.
La segunda es que la vialidad de dos carriles no cuenta con guarniciones, banquetas, alumbrado público, y no existe un proyecto para mejorar esa avenida.
La tercera se refiere a las condiciones de inseguridad en las que vive el País, hacen que las instalaciones de los distintos cuerpos de Seguridad Pública sean atacadas y el edificio de Salamanca no lo exime.
La cuarta explica que diariamente pasan por esa vialidad al menos mil personas de 10 comunidades rurales entre ciclistas y peatones, que pueden ser víctimas de accidentes debido a que las patrullas puedan circular a exceso de velocidad.
La quinta es que el C4 está a escasos metros de distancia de más de mil viviendas, por lo que se reduce significativamente las maniobras operativas de las dependencias de seguridad; y la última que cita como antecedente, la inconformidad de vecinos de la colonia Bellavista que pedían la reubicación de las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR).
Se les informó que compete al Estado atenderlos esa inconformidad y darle solución.
Mientras que el Gobierno del Estado canalizó la inconformidad al alcalde Justino Arriaga y hasta ahora no ha emitido alguna respuesta o solución a esa petición que es retirar el edificio de seguridad.

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