Guanajuato.- Un juzgado concedió la suspensión provisional al decreto para la extinción del Fidesseg, un fideicomiso de participación ciudadana que inició en 2019 para apoyar proyectos sociales y de seguridad en el estado, el cual fue “finalizado” en octubre, con la llegada de la nueva administración. El Gobierno del estado respondió que ya “es un acto consumado”.
Esto significa que queda detenida temporalmente cualquier medida o acción que el gobierno estatal realice para continuar la extinción del fideicomiso, en tanto la justicia federal resuelve si se otorga o no el amparo definitivo.
De acuerdo con las asociaciones consultadas, en un diálogo con el Gobierno del estado no se pudieron concretar los acuerdos suficientes con la gobernadora Libia García, quien, afirman, decidió unilateralmente cancelar el Fidesseg y ante la limitante del tiempo para presentar recursos legales, se vieron orilladas a presentar estas solicitudes.
El Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública para el estado de Guanajuato (Fidesseg) inició durante el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo con el objetivo de que empresarios y el gobierno estatal apoyaran proyectos sociales y de seguridad, tras la evaluación de un comité técnico integrado por empresarios y autoridades.
Al iniciar esta administración la secretaría del Nuevo Comienzo encabezada por Rosario Corona Amador tomó el control de los recursos y los proyectos.
Cuando se anunció la extinción del Fidesseg, el 24 de octubre, se tenía un saldo final de mil 687 millones de pesos, de los cuales se destinaron 200 millones para financiar los proyectos que estaban en marcha y los otros 1,490 millones de pesos se transfirieron al patrimonio del estado para ser manejados bajo un nuevo programa, “Tocando Corazones”.
Pero desde este jueves, cualquier operación queda detenida. Y son ya dos suspensiones que se otorgan, la primera fue para Actuando por Guanajuato y el 27 de noviembre se les concedió a los Consejos Coordinadores Empresariales de León y Celaya. Las oficinas de Irapuato, Salamanca y San Miguel de Allende decidieron no sumarse a la solicitud.
El Consejo Coordinador Empresarial de León “se vio en la necesidad de interponer demanda de juicio de amparo ante el Poder Judicial Federal, con el objetivo de proteger los derechos humanos de miles de beneficiarios -entre ellos niños, mujeres y adultos mayores en situación de vulnerabilidad-, que se atendían con los recursos de este fideicomiso, así como evitar que la extinción decretada elimine el origen y destino de las aportaciones realizadas por los empleadores”, se indicó en un comunicado de prensa.
Fue el juez Decimosegundo de Distrito en el estado quien dictó un acuerdo en el que admitió a trámite la demanda de amparo del CCE León y concedió la suspensión provisional para el efecto de que no se ejecute la extinción del fideicomiso mientras dure el juicio de amparo.
Roberto Novoa Toscano, presidente del CCE León, explicó en entrevista telefónica que el objetivo de la solicitud de amparo ha sido salvaguardar el origen y destino de dichas aportaciones que provienen del 0.3 % del Impuesto sobre Nóminas, para atender las necesidades de las familias más vulnerables de Guanajuato.
Sin embargo, recalcó que tanto las cámaras empresariales como las fundaciones están abiertas al diálogo, platicar y encontrar coincidencias, pues creen en este modelo de responsabilidad compartida, con programas efectivos y no políticas clientelares.
En ello coincidió Gerardo Pons, presidente de la Fundación Empresarial (FE) Guanajuato, vinculada a los programas sociales y que también espera la resolución de su propio amparo, quien explicó que hay otros organismos y personas que presentaron la misma solicitud, el mismo día, contra dicho decreto.
Además de las fundaciones “Actuando por Guanajuato” y “Fe Guanajuato” y los CCCE de León y Celaya, también pidieron amparo, a título individual, los empresarios Roberto Novoa, Salvador Cayón Ceballos y Juan Yúdico Herrasti.
Gerardo Pons Zepeda lamentó que estas organizaciones hayan tenido que tomar esta decisión.
Siempre estuvimos albergando la esperanza de que la gobernadora nos recibiera y nos escuchara, ya no podíamos permitir que se alargara esto, traíamos el tiempo encima, si no lo hacíamos ese día (el último) al siguiente no procedía, todo tiene un término (…) Nos vimos obligados a hacerlo de esa manera”.
Responde gobierno del estado
El Gobierno de Guanajuato emitió un comunicado de prensa donde reafirmó su compromiso con la legalidad y el respeto al proceso judicial, aunque aseguró que la extinción del Fidesseg es un acto consumado.
Explicó que la suspensión provisional concedida tiene dos efectos específicos: Evitar la extinción del fideicomiso y resguardar los recursos económicos remanentes, productos y aprovechamientos del fideicomiso, para que no sean destinados a la implementación del decreto reclamado.
Sin embargo, justificó su decisión, asegurando que se buscó garantizar mayor transparencia, eficacia y vinculación directa con las prioridades del desarrollo económico estatal, sin dejar de lado la participación empresarial. Y dejó abierta la posibilidad de diálogo.
DAR