Les confesamos que nos impactó la presentación que hicieron ayer ante Senadores representantes empresariales de Sinaloa. Esto justo cuando en la mañanera light, don Omar García Harfuch explayaba los logros de la política de Seguridad de la presente Administración. De manera que hubo forma de hacer algunas comparaciones, quedando claro que una cosa son las buenas intenciones y otra los resultados.
Representantes de la Coparmex, Canacintra y Colegio de Economistas informaron a los Senadores que por la narcoguerra entre “Los Mayitos” y “Los Chapitos” en Sinaloa se han acumulado pérdidas -daño directo- por 18 mil millones de pesos, equivalentes a 3.5 por ciento del PIB estatal. El cierre de escuelas y negocios por la violencia impacta la nómina de los empleados, afecta la economía de los hogares y ha creado lo que ellos llaman “un estado de excepción”.
Básicamente ellos solicitaron apoyos activando una emergencia económica. Aclaran que no piden la destitución de Rocha Moya, el “Gobernador” morenista del Estado, sino que se tomen medidas para resarcir el daño económico. Entendemos su desesperación: la falta de efectividad del Gobierno federal para frenar la violencia en Culiacán, Mazatlán (centro turístico muy afectado) y otras ciudades del Estado amenaza con obsequiarles a los culichis una Navidad muy triste.
Aplaudimos el esfuerzo de los empresarios sinaloenses para incitar a los legisladores a que “hagan algo”, pero mucho tememos que, pese a lo angustiante de la situación en Sinaloa, y en otros Estados y municipios del País (en los últimos dos días, en el que se supone es el municipio más seguro de México, San Pedro, en Nuevo León, hubo dos ejecuciones en plena vía públoica), existe incapacidad oficial para entrarle de lleno al problema. Tristemente con este Gobierno, como en el anterior, se nota que les interesa más influir en la percepción de la violencia que frenarla.
Nos explicaremos: ayer mismo en las afueras de Culiacán, la población denunció la explosión de un “coche bomba”, tras una prolongada balacera. Salieron después los voceros oficialistas, tanto locales como federales, a “desmentir” esta noticia. No era un coche bomba, dijeron, sino que uno de los grupos en pugna empleó un dron para detonar un artefacto que incendió el coche. ¡Ah, menos mal!
Ya podemos tranquilizarnos: no es que exploten los coches, sino que los bombardean con drones. ¡Por Dios! Apreciamos que se tomen la molestia de aclarar, pero violencia es violencia, poco o nada importa que las explosiones con artefactos se den adentro o afuera de un coche, que como quiera quedó destruido, el problema de inseguridad sigue siendo el mismo.
La obligación del Gobierno no se altera: debe castigar ejemplarmente, para que sirva de escarmiento, a los “generadores de explosiones”, sea cual sea el método que empleen. No debe haber en ninguna ciudad balaceras prolongadas ni drones bombarderos o explosiones, ni ejecuciones en la vía pública.
Siguen sin explicar los Gobiernos morenistas, tanto locales como el federal, cómo es que reforzados con cientos de militares, tras estallar la guerra en Culiacán con el secuestro de “El Mayo” Zambada por uno de “Los Chapitos” que lo entregó a Estados Unidos, continúa in crescendo la violencia en ese Estado. Ni la presencia de los militares parece inhibir a los sicarios, ni la estrategia de “Seis Estados” anunciada por el Gobierno federal ha mostrado en Sinaloa resultado alguno.
Es cierto, en el Estado de México detuvieron a supuestos funcionarios aliados con los malos, pero en Sinaloa han logrado muy poco. Por el contrario, desde julio están ahí los de verde olivo y resulta que, en lugar de llegar la calma, ahora ¡desde el cielo les cae la lumbre! ¡Han de dormir muy a gusto los culichis sabiendo que no hay coches bomba, sólo drones bombarderos!
Podemos imaginar la desesperanza, angustia y zozobra que aqueja -en todas partes de México- a quienes viven bajo la amenaza de la violencia demencial generada por capos bien identificados que gozan de total impunidad.