Después de que la semana pasada los juzgados de distrito otorgaron la suspensión provisional para detener la extinción del Fidesseg, el Gobierno del Estado ha reaccionado exhibiendo que no tenían contemplado ese escenario en su estrategia para desaparecer el fideicomiso.
Primero emitieron un comunicado diciendo que la extinción del Fidesseg es un hecho consumado, lo que es absurdo, pues no puede haber un hecho o acto consumado cuando este ha sido impugnado dentro de los plazos y cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley. Si prevaleciera el criterio del gobierno, entonces la autoridad podría hacer lo que quisiera sin que ningún ciudadano pudiera defenderse.
El Gobierno dice que es un acto consumado porque ya retiró los más de 1,490 millones de pesos que estaban depositados en el Fidesseg, y se los llevó a la Secretaría de Finanzas, como si no supieran que esos recursos deberán ser restituidos si los juzgados ordenan que las cosas regresen al estado que tenían hasta antes de su extinción.
Además, está claro que la recaudación que siga generándose por el .3% del Impuesto Sobre Nóminas, debe seguir llegando al Fidesseg, pues precisamente al estar suspendida la extinción, entonces las cláusulas que señalan cómo se fondea, deben seguir vigentes.
También tenemos la postura de la secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona, quien desliza la idea de responsabilizar a los empresarios del daño que dice se les está haciendo a las asociaciones civiles que recibirían 196 millones de pesos que se habían dejado en el fideicomiso y se destinarían a proyectos ya aprobados, así como a la operación final de las fundaciones.
Daño que es inexistente, pues el día de ayer una de las juezas que decretó la suspensión provisional, aclaró que la suspensión es para evitar la extinción del fideicomiso, más no para detener su operación, por lo que el gobierno no puede paralizar el funcionamiento del Fidesseg.
Ahora resulta que a quien solicita la protección de la justicia por un acto que se considera violatorio de derechos de los ciudadanos, el gobierno lo quiere hacer ver como si fuera el culpable para impedir apoyar a las asociaciones, es el colmo.
Y luego tenemos los 200 millones de pesos que el pasado martes 3 de diciembre fueron aprobados por un comité integrado solo por burócratas, dejando fuera a la sociedad y a los empresarios, y que serán distribuidos hacia 78 asociaciones civiles, consumando con ello la intención del Gobierno de ser el único que decida a quien deben llegar los recursos.
El gobierno busca que con estos 200 millones se sustituyan los 438 millones que ya se habían aprobado, es decir que la gran mayoría de esas 78 asociaciones van a recibir en promedio un 50% menos de lo que habían solicitado, truncando con esto los alcances y beneficios que se habían proyectado.
Dice la secretaria del Nuevo Comienzo que están construyendo una manera diferente para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, y que estas organizaciones están “contentas” y “satisfechas” porque creen en el nuevo modelo. ¿Por qué no hacemos una encuesta y le preguntamos a las organizaciones si quieren que el gobierno maneje los apoyos de manera unilateral y exclusiva, o quieren que participen también los empresarios y los ciudadanos? La respuesta a esta encuesta ya la dio la misma secretaria, quien ha dicho que apoyar a las asociaciones “debería de ser un trabajo no solamente del gobierno sino de la sociedad en general”. Por un lado, destruyen un proyecto de la sociedad y al mismo tiempo le piden que participe, ¡qué incongruencia!
RAA