Hace dos semanas, el Senado aprobó la desaparición de organismos autónomos, como el INAI y la Cofoce; con mayoría de 86 votos a favor y 40 en contra, la Cámara Alta aprobó la reforma de simplificación orgánica, donde desaparecerán al menos siete organismos autónomos y sus funciones serán absorbidas por secretarías de estado. El asunto es que la transparencia y la rendición de cuentas es una iniciativa ciudadana, no del gobierno, que surgió para evitar la discrecionalidad en el Poder Ejecutivo y acabar la opacidad y la “partida secreta” utilizada por el Presidente de la República.
Considero que la reforma aprobada cuenta con algunas “falacias”, ya que justifica que al evitar duplicidad o buscar la austeridad y mejorar la administración de recursos, esconde afectaciones al Estado de Derecho, pues acabará con cualquier oposición al poder presidencial.
Con esta reforma, las actividades de dependencias como el del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) serán atendidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), las del Consejo Nacional de la Evaluación de la Políticas de Desarrollo Social (Coneval) serán ejecutadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En el caso del INAI, se dividirán entre varias dependencias como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en el Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial, en los Órganos de control de los Organismos Autónomos y de las contralorías del Congreso de la Unión, en el ámbito de sus competencias.
En asunto de protección de datos personales, serán atendidos por la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. En cuanto a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), será la Secretaría de Energía (Sener) quien realice sus funciones. Las de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recaerán en la Secretaría de Economía (Economía); y las del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
¿Esto es bueno malo? En México, surgen instituciones autónomas en el llamado “periodo neoliberal” del año 2000 al 2019, como una política para ser contrapeso del poder ejecutivo. Uno de ellos, es el relacionado con el acceso a la información, el INAI. El INAI es la autoridad responsable de defender nuestro derecho a la privacidad y sancionar a aquellas terceras personas (ya sea un particular o una autoridad) que utilizan nuestros datos personales con fines distintos a los que autorizamos. Eso es muy bueno y necesario. Además, para poder conocer la aplicación de los recursos públicos.
Cerrar el INAI representa dejar un hueco enorme en el acceso a la información pública, toda vez que, en el anterior sexenio, proliferaron las adjudicaciones directas y los datos sobre inversiones públicas en Pemex y otras obras magnas del gobierno federal, han sido cerradas al acceso, dejando solo a los medios de comunicación, la labor de investigar todos los movimientos de compras y, por tanto, de privilegios a particulares, fuente de corrupción.
Uno de los principales cuestionamientos a organismos relacionados con el acceso a la información y la transparencia, es su cercanía indudable con el poder. Así ha sido en el gobierno federal y también en el de Guanajuato, donde se creó el IACIP, Instituto Estatal de Acceso a la Información. Los argumentos que ha hecho la 4T a nivel nacional, no solo son relacionados con los costos que representa esta “burocracia dorada” (así llamada en la narrativa que cuestiona a los organismos autónomos), sino que, además, han evitado que pueda conocer la ciudadanía los hechos relacionados con corrupción.
Ante la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP) también, sin duda, desaparecerá y habrá un ahorro importante de recursos, aunque deberá asegurarse que, en la Secretaría de Transparencia, haya mecanismos para buscar un “gobierno abierto”.
En cualquier escenario, serán los medios de comunicación y la opinión pública quienes, a través del periodismo de investigación, hagamos esa tarea.