Human Rights Watch acusa abusos en Venezuela

Jueces y fiscales reiteradamente hicieron caso omiso a indicios evidentes de abuso padecidos por detenidos pese a que las fuerzas del orden recurrieron de manera sistemática al uso ilegítimo de la fuerza durante las manifestaciones callejeras que desde febrero han dejado al menos 41 muertes en Venezuela, denunció el lunes Human Rights Watch.
La organización no gubernamental con sede en Nueva York precisó que ese uso ilegal de la fuerza consistió en abusos físicos y psicológicos graves a decenas de manifestantes.
Human Rights Watch dijo que al menos diez de los casos documentados sufrieron abusos de tal magnitud que pueden ser considerados como tortura. Agregó que a numerosos detenidos con lesiones graves como heridas de perdigones o fracturas por golpizas se les negó atención médica, mientras que en otros casos ocurrieron abusos sicológicos severos, tales como amenazas de muerte y violación sexual.
“La magnitud de las violaciones de derechos humanos que documentamos en Venezuela y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos, demuestra que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Por el contrario, forman parte de un patrón alarmante de abusos que representa la crisis más grave que hemos presenciado en Venezuela en años”.
Uno de los casos documentados fue la detención de José Alfredo Martin, de 41 años, y Carlos Spinetti, de 39, practicada el 12 de marzo por civiles armados.
El informe señaló que los hombres armados golpearon a los detenidos, los acusaron de ser “traidores a la patria”, amenazaron con matarlos y fotografiaron a Spinetti con un arma en la mano que ellos mismos le obligaron a tomar.
Pero Martin dijo a Human Rights Watch que no planeaba formular denuncia penal alguna debido a que las autoridades colaboraban directamente con sus agresores.
“Yo fui golpeado, amenazado, y detenido en frente de la Guardia Nacional, que se supone es un órgano del Estado, y ellos simplemente dieron media vuelta y se fueron”, dijo Martin a los autores del informe. Presentar una denuncia “hasta puede ser contraproducente. Puede causar una venganza”.