El gobierno argentino hará el lunes “una presentación formal” al juez Thomas Griesa de Nueva York para iniciar una negociación que permita cancelar los 1.500 millones de dólares que adeuda a titulares de bonos en cese de pagos.
El jefe de gabinete Jorge Capitanich dijo a periodistas que Argentina solicitará “condiciones de negociación equitativas para el 100 por ciento” de sus acreedores. Esto incluye no sólo a los litigantes a los que hay que pagar -que representan un 1%-, sino a más de 92% de los bonistas que aceptaron títulos de menor valor en canjes de deuda en 2005 y 2010 y un remanente que no litigó contra el país o que le inició juicio pero no logró fallos definitivos a favor.
Las palabras de Capitanich están en sintonía con lo anunciado por la presidenta Cristina Fernández el viernes, cuando después de una semana de versiones contradictorias la mandataria manifestó su disposición a abrir una instancia de discusión sobre cómo pagar lo adeudado a los inversores beneficiados por el fallo de Griesa luego avalado por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
Capitanich no precisó quién hará la presentación ante Griesa, aunque se da por hecho que serán los abogados del gobierno. El magistrado falló a favor de que se pague en una semana y en efectivo ese monto a los inversores litigantes con Argentina.
El funcionario argentino subrayó la necesidad de que se respete la “equidad en el trato” y afirmó que “el 1% no puede alterar las condiciones del 92% y eso no puede ser vulnerado por ningún juez del mundo”.
Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna audiencia programada para la jornada en el tribunal de Nueva York, según pudo confirmar The Associated Press.
El 30 de junio Argentina debe pagar unos 907 millones de dólares en cupones de deuda a los acreedores que entraron a los dos canjes, de los cuales 225 son pagaderos en Nueva York. Pero el fallo de Griesa establece que el país también abone al mismo tiempo y en efectivo a los “fondos buitre”.
El gobierno teme que ello gatille demandas de tenedores de deuda reestructurada y de otros bonistas para cobrar en los mismos términos que los inversores respaldados por la justicia estadounidense, lo que generaría una erogación de unos 15.000 millones de dólares, más de la mitad de las reservas internacionales, que son de cerca de 29.000 millones.
“Las condiciones de negociación justas y equitativas deben contemplar la limitación que tiene un país soberano como la Argentina, en defensa de… los contratos con los acreedores que adhirieron al canje”, afirmó el jefe de ministros.
El economista Matías Carugati, de la consultora Management & Fit, dijo a AP que Argentina no quiere entrar en default con los acreedores reestructurados y además quiere acordar con los que no aceptaron los canjes. “En ese caso la solución que encuentre con el 1% del fallo de Griesa se extendería al 7% que no inició juicio contra el país o que su juicio no tiene fallo firme”.
Sobre cómo se haría el pago a los “fondos buitre”, Carugati coincidió con otros analistas en que parte sería en efectivo y otra en bonos. Algunas versiones señalan al respecto que Argentina propondría abonar a dichos litigantes en el corto plazo un pago inicial a cuenta del total y luego negociar el resto con bonos con vencimientos escalonados.
Analistas señalan que ese efectivo inicial equivaldría al que se paga con quita a los bonistas que aceptaron los canjes. De esa forma se soslayaría la llamada cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers o derecho a efectuar futuras ofertas) que vence el 31 de diciembre y permite a los reestructurados reclamar a Argentina mejores condiciones de pago si el país mejora su oferta a los acreedores que no aceptaron los canjes.
Por otro lado, Argentina debería obtener de Griesa la reinstalación de una medida cautelar que venció la semana pasada para no sufrir el embargo de bienes y fondos en el exterior.
Sin embargo, los “fondos buitre” han señalado en varias ocasiones al juez que no aceptarán modificaciones en el fallo que los benefició.