La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, con cambios en algunos artículos, el dictamen de las leyes de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, por lo que será regresado a la Cámara de Senadores.
El tercer dictamen energético será revisado en la Cámara alta, al igual que los dos primeros dictámenes que los diputados aprobaron esta semana.
La sesión se prolongó por más de 13 horas en un debate que fue pactado por todas las fuerzas políticas para centrarlo en tres temas a discutir: pasivo laboral, régimen de responsabilidades y combate a la corrupción, y fortalecimiento de las empresas públicas del Estado.
El dictamen se aprobó en lo particular con 319 votos de los diputados del PRI, PAN, PVEM y PANAL y 116 votos en contra del PRD, PT y MC.
Gracias a que en esta ocasión la fracción de Movimiento Ciudadano aceptó las condiciones acordadas por el resto de fuerzas, el debate no se prolongó hasta las 14:00 horas de este jueves, como se había calculado que ocurriría si los legisladores de oposición hubieran presentado sus reservas individualmente.
El Pleno iniciará la discusión del cuarto dictamen energético a las 13:00 horas de este jueves.
Las modificaciones aprobadas a las leyes de Pemex y la CFE, propuestas por la diputada panista Eilzabeth Yáñez, consisten en incluir la figura de testigos sociales para que participen en los procesos de contratación que realicen ambas empresas o sus subsidiarias.
Pemex y la CFE, así como sus empresas subsidiarias, gozarán de autonomía presupuestaria y estarán sujetas sólo al balance financiero y al techo de servicios personales que apruebe el Congreso, a propuesta de la Secretaría de Hacienda y al régimen especial en materia presupuestaria previsto en la legislación.
Ambas empresas, que dejarán de ser paraestatales para llamarse Empresas Productivas del Estado, ejercerán sus respectivos presupuestos y podrán realizar negociaciones oficiales, gestiones informales o exploratorias sobre la posibilidad de acudir al mercado interno y externo de dinero y capitales, y contratar financiamientos internos y externos, sin requerir autorización de Hacienda.
“Se ha propuesto una forma de administrar y operar nuestras empresas estatales con nuevas herramientas que mejoran sus funciones con una estructura empresarial autónoma y flexible”, aseguró el diputado Marco Antonio Bernal, presidente de la Comisión de Energía, en la explicación del dictamen.
“Que integre las mejores prácticas de gobierno corporativo para una adecuada toma de decisiones, que aumente su capacidad productiva, optimice la ejecución de sus proyectos y mejores sus índices de productividad y rentabilidad”.
Se establece que los integrantes de los consejos de Administración de Pemex y la CFE no serán responsables por los perjuicios causados a las empresas por las decisiones que tomen, algo que fue criticado por los legisladores de oposición, quienes calificaron la determinación como una cláusula de impunidad.
“Si vemos el artículo 95 faculta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para que con recursos públicos se cubran seguros, fianzas y cauciones para aquellos funcionarios corruptos, negligentes e irresponsables que afecten con su actuación al patrimonio público.
“Son cláusulas de impunidad, cláusulas que auspician a la corrupción, por eso hemos venido señalando que la reforma energética se puede resumir en dos palabras, más corrupción, más impunidad, más negocios al amparo del poder”, señaló el diputado Ricardo Mejía Berdeja.