El diputado panista Marcos Aguilar, implicado en una red de legisladores que cobran “moches” a alcaldes a cambio de gestionar recursos federales, es el impulsor en la Cámara baja de la reforma anticorrupción.
Agendado como tema prioritario de su bancada, el legislador queretano tiene el encargo de retomar la minuta del Senado sobre la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción.
Aguilar ha sido mencionado a lo largo del año en diversas denuncias por pertenecer a una red de diputados, encabezados por el ex coordinador Luis Alberto Villarreal, que cobran cuotas por gestionar fondos federales para obra pública.
Ayer, el presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias disertó ante los integrantes de su bancada sobre la Ley Anticorrupción y otras propuestas que se pondrán a discusión en el periodo ordinario de sesiones que inicia el lunes.
“El presidente del partido y el coordinador nos han pedido que, de manera inmediata, nos acojamos al contenido de la minuta y planteemos los aspectos que nos permitan enriquecerla, para enfrentar el problema mas importante que tiene nuestro País, que es el problema de corrupción.
“La minuta del tema anticorrupción es, para el grupo parlamentario del PAN, el aspecto más importante de este periodo ordinario de sesiones”, comentó después de su participación en plenaria de la fracción del blanquiazul.
Quieren un tribunal
Detalló que su partido presentará en breve una iniciativa para crear un tribunal federal de responsabilidades administrativas, como complemento a la figura de la Comisión Anticorrupción.
Con esta propuesta, dijo, se logrará que, desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa, habrá un órgano autónomo que, a través del debido proceso, se encargue de fincar sanciones a servidores públicos.
De acuerdo con la explicación de Aguilar, ya no habrá una misma instancia que sea juez y parte en la integración de pruebas y las sanciones, como lo fue la desaparecida Secretaría de la Contraloría y luego la Función Pública.
“Este planeamiento queda superado, en virtud de que el Tribunal y la Comisión Nacional serían los órganos autónomos que contribuirían con la Auditoría Superior de la Federación y con todos los entes de control a nivel federal, estatal y municipal.
“Con ello, garantizar que cualquier servidor publico que se presuma que violó la Ley de Responsabilidades sea sujeto de una sanción ejemplar, a través de un procedimiento que cumpla las reglas del debido proceso”, dijo.
Aguilar acompañará este miércoles al coordinador de su bancada, José Isabel Trejo, quien dará detalles sobre la propuesta de crear el tribunal de sanciones administrativas.