Las medidas anunciadas por la Secretaría de Gobernación para evitar que los migrantes aborden “La Bestia” generarán más corrupción y abusos contra esta población y no desalentarán la movilidad.
“Estamos en el terreno y sabemos que este tipo de medidas lo único que hacen es que las personas tengan que trasladarse en condiciones de mayor clandestinidad y por lo tanto, sufrir más riesgos”, aseguró Diego Lorente, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, con sede en Tapachula.
“Van a tener que tomar caminos de extravío, donde se pueden encontrar con la delincuencia, con el crimen organizado y con autoridades corruptas que las van a extorsionar”.
Ejemplo de ello, señaló, es lo que ocurre en La Arrocera, entre Tapachula y Arriaga, donde después de 2005 dejó de pasar el tren, pues las vías fueron afectadas por el huracán Stan, y actualmente es una de las rutas más peligrosas para los migrantes.
El activista dijo que la migración indocumentada no se frenará por el aumento de la seguridad en las vías del tren, pues no se atienden las causas de fondo de la migración.
Ayer, Gobernación precisó que en los últimos 30 días seis mil migrantes han recibido el apoyo de “retorno asistido” para regresar a sus lugares de origen.
“En este momento ya más de 6 mil migrantes irregulares han sido bajados del ferrocarril, respetando su dignidad, con todo el respeto a sus derechos humanos para evitar que sigan usando el ferrocarril y sigan poniendo en riesgo sus vidas”, aseguró Humberto Mayans, coordinador de Atención de la Migración en la Frontera Sur, en entrevista con Radio Fórmula.
Destacó que se vigilará que los trenes sólo hagan paradas específicas.
“Se dotó de tecnología más moderna a los ferrocarriles y sobre todo a quienes operan esta región del sur-sureste para vigilar que el ferrocarril solamente pare en los lugares previstos y no en cualquier lugar como antes lo hacían”, explicó.

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