Los adultos que permitan y no denuncien agresiones contra menores podrían ser sancionados con una multa de hasta 200 mil pesos.
Esa medida está contemplada en la propuesta de Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, enviada ayer por Enrique Peña Nieto al Senado y que deberá aprobar el Congreso en los próximos 30 días, al ser una iniciativa preferente.
“La ley contempla medidas contra el acoso y la violencia escolar, estableciendo mecanismos de denuncia y protocolos para la atención de niños afectados, además impone multas de hasta 3 mil veces el salario mínimo a los adultos que no impidan cualquier tipo de abuso escolar.
“Ello independientemente de otras responsabilidades en las que se pueda incurrir. Esta ley será un instrumento para combatir el bullying”, resumió el Mandatario durante el evento “México sin Trabajo Infantil”, en el que se advirtió que 2.5 millones de menores laboran en el País.
La iniciativa contempla un capítulo sobre el derecho a la protección contra todas las formas de venta, trata, explotación, abuso, abandono o crueldad, en el que se indica que gobiernos estatales deberán crear legislaciones para combatir esos ilícitos.
Se plantean sanciones para medios de comunicación hasta de 40 mil días de salario mínimo y cuatro años de cárcel por difundir imágenes, nombres o voz de menores, sin la autorización; y 140 mil días de salario a los concesionarios que transmitan contenidos “perturbadores o hagan apología del delito”.
Los DIF nacional y estatales deberán crear una Procuraduría de Protección, que podrá representar a menores involucrados en procedimientos penales y administrativos, dar asesoría a menores, presentar denuncias ante el Ministerio Público cuando se violen sus derechos y supervisar que centros de asistencia social o albergues cumplan con las disposiciones de calidad y legalidad.
También deberán presentar un Programa de Protección a Niñas y Niños y Adolescentes que establezca las líneas de acción que ofrece al sector y se crean los Sistemas de Protección Integral, los cuales darán seguimiento a las políticas públicas en la materia y fomentará la colaboración entre gobiernos.

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