El Congreso local aprobó la nueva Ley de Anticorrupción en las Contrataciones Públicas, que aplicará únicamente a los particulares, ya sea personas en lo individual o empresas, que cometan actos indebidos cuando hagan ventas de productos o servicios al Gobierno del Estado o municipales.
El diputado Oscar Arroyo Delgado, presidente de la Comisión de Gobernación, destacó que el punto esencial de esta nueva ley radica en que actualmente no se puede sancionar por la vía administrativa a los particulares que cometen actos de corrupción en los procesos y contrataciones públicas.
Ahora, con esta norma se faculta al Gobierno estatal y al municipal para que pueda actuar en esos casos.
Se establecen también las responsabilidades y sanciones que deben imponerse a personas físicas y morales de nacionalidad mexicana o extranjera, por infracciones en que incurran de forma directa o indirecta con motivo de su participación en contrataciones públicas a nivel estatal o municipal, ya sea con carácter de interesados, licitantes, invitados, proveedores, adjudicados, contratistas, permisionarios y concesionarios.
Esta ley, dijo el diputado Oscar Arroyo, reglamenta la investigación que dará origen al procedimiento administrativo sancionados, de oficio o por denuncia, además faculta para requerir a las personas físicas y morales, públicas o privadas, la información necesaria para integrar la investigación.
MULTAS HASTADE $122 MILLONES
El castigo
El diputado Oscar Arroyo Delgado, presidente de la Comisión de Gobernación, destacó que esta ley contempla como sanciones económicas desde mil hasta dos millones de veces el salario mínimo, es decir, desde 61 mil 380 pesos hasta 122 millones 760 mil pesos.
E inhabilitaciones para participar en contrataciones públicas gubernamentales, en el caso de personas individuales, van de seis meses hasta ocho años y para las empresas, de seis meses a 20 años.