Un año once meses después de iniciado el primer litigio de particulares en contra del Ayuntamiento por la concesión otorgada a 20 años del servicio de recolección de la basura, el problema no se resuelve.
A pesar de que el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato (TCA) ya resolvió en tres juicios distintos que se reponga el fallo de la licitación, la resolución no ha podido cumplirse.
En un caso la empresa Red Recolector ya interpuso un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y en otros dos el mismo Municipio (la actual Administración) busca un amparo, inconforme porque se le notificó vía correo electrónico. Además de los amparos que también interponen GISA y Red Recolector.
A la Corte
La resolución del TCA que ordena al Municipio de León reponer el fallo de la licitación del servicio de recolección de basura, no puede cumplirse pues particulares presentaron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El presidente del TCA, Arturo Lara Martínez, reveló que, si bien un Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial de la Federación negó a los particulares los amparos que promovían, con lo que se ratificó la sentencia del Contencioso respecto a la licitación del servicio de recolección de basura, no pueden notificarle al Municipio que cumpla con la misma pues ‘afectados’ recurrieron a una última instancia, la SCJN.
“Hay un recurso de impugnación que se fue a la Suprema Corte de Justicia, no está ahorita la situación para cumplir la resolución del asunto de la concesión de la basura, sino que se promovió un recurso por parte de los particulares para que el asunto se revise en la Suprema Corte”, explicó en entrevista.
Un recurso se confirmó que lo presentó Red Recolector.
El pasado 20 de abril el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del XVI Circuito del Poder Judicial de la Federación ratificó la sentencia que el 20 de marzo de 2015 emitió el magistrado del Tribunal Contencioso, Alejandro Santiago Rivera, en la que declaró la nulidad del fallo de la licitación.
Lo anterior significa que el TCA notificaría al Municipio sobre el fallo y éste tendría 15 días hábiles para cumplirlo, es decir, para reponer el fallo de la licitación en el sentido que el Cabildo considere. Pero eso por ahora no será posible hasta que la sentencia cause ejecutoria, es decir, quede en firme.
“Cuando ya no haya ningún recurso que promover les exigimos que en 15 días cumplan”, agregó Lara Martínez.
La sentencia del 20 de marzo 2015 -que pide reponer el fallo- se derivó de un juicio de nulidad interpuesto en julio del 2014 por la empresa JS Hermanos (no favorecida en la licitación). Esa sentencia del TCA fue al considerar que la decisión de la mayoría PRI-Verde del Ayuntamiento de otorgar la concesión a 20 años a las empresas GISA y Red Recolector no estuvo fundada y motivada.
Hay que esperar si la Corte admite o no el recurso promovido contra la negativa del Tribunal Colegiado de otorgar los amparos. Si no les da entrada, tomará el fallo su curso, de lo contrario habrá que esperar lo que resuelva la SCJN.
Los ocho amparos (cinco sobreseídos y tres negados) rechazados por el Tribunal Colegiado el 20 de abril fueron interpuestos por: Ayuntamiento de León, JS Hermanos, GISA y Red Recolector.
Pone Municipio trabas
Además hay otras dos sentencias del TCA del 22 de febrero 2016 en el mismo sentido de anular el fallo, esas en respuesta a los juicios interpuestos por Víctor Castillo Zacarías y José Alfredo Manrique.
Respecto al curso de estas nuevas resoluciones el Presidente del Tribunal Contencioso Administrativo precisó que el Municipio de León interpuso un amparo indirecto ante un Juez de Distrito, inconformes con el que se les haya notificado vía correo electrónico el sentido de las mismas. El Pleno del TCA ya había resuelto declarando que este medio de notificación es válido al considerarse en ley.
Además existen otros dos amparos directos presentados por las concesionarias GISA y Red Recolector, pero esos serán remitidos por el TCA a un Tribunal Colegiado Federal hasta resolverse el indirecto.
Quitan suspensión para para ir contra tiradero
La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato tendrá esta semana libertad de continuar con el procedimiento en contra de Comercializadora y Servicios Ecológicos JR por las presuntas irregularidades en el depósito de residuos industriales ubicado en la comunidad Puerta del Cerro.
El Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato (TCA) resolverá esta semana el expediente por el cual la Cuarta Sala decretó el 20 de enero pasado una suspensión del procedimiento administrativo que abrió la PAOT contra esa empresa, por lo que la Procuraduría podrá continuar con éste.
“Lo que acordó la Cuarta Sala es suspender el procedimiento administrativo hasta que se resolviera si la persona que iba en representación legal de la empresa tenía las facultades para representarla en ese procedimiento sancionatorio de la Procuraduría del Ambiente (PAOT). Esta misma semana podrá haber la sentencia sobre (la legalidad de) esa representación, no se está decidiendo ninguna otra situación”, puntualizó en entrevista para am el presidente del TCA, el magistrado Arturo Lara Martínez.
Explicó que el expediente 80 de la Cuarta Sala que preside el magistrado Cuauhtémoc Chávez Muñoz, es por un recurso que presentó la empresa porque la PAOT argumentó que no acreditaban la representación legal para defenderse y el particular dice que sí. Mientras se pronuncia una sentencia definitiva, que será esta semana, se decretó una suspensión al procedimiento que seguía la PAOT.
No importa el sentido de la resolución, la suspensión quedará sin efecto para seguir el proceso.
Hace una semana vecinos de la comunidad Puerta del Cerro, de León, en los límites con Purísima del Rincón y San Francisco, bloquearon algunas horas el eco-bulevar León-San Francisco para exigir que atiendan sus quejas por la contaminación que desde hace varios años provoca un tiradero de residuos de curtidurías y otras industrias.
El gobernador Miguel Márquez prometió que clausurarán el tiradero, pero que estaban amparados. Los amparos son ante un tribunal federal, por lo que son asuntos jurídicos distintos a los que lleva el TCA.
En el caso del Contencioso Administrativo existen sobre el caso además otros dos expedientes de 2015, pendientes de resolver, de recursos interpuestos por Comercializadora y Servicios Ecológicos JR, propiedad de Juan Ramón Espinoza Padilla, en contra de resoluciones tanto de la PAOT como del Instituto Estatal de Ecología (IEE).