La Secretaría de Salud de Guanajuato indemnizó a cinco mujeres que perdieron a sus bebés, a causa de negligencia médica.
Los montos con los que fueron compensadas las mamás van de los 332 mil a los 350 mil pesos.
Esta es la primera vez que el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG, figura legal de la Secretaría de Salud) indemniza con montos tan elevados a víctimas de malas prácticas médicas.
Como condición para pagar la indemnización, el departamento jurídico del ISAPEG pidió a las madres de familia firmar un escrito en el que liberan de responsabilidad a los médicos y enfermeras involucrados en el fallecimiento de los bebés.
Aunque las muertes de los bebés ocurrieron entre abril de 2013 y marzo de 2014 en el hospital comunitario de Villagrán, las investigaciones para castigar a los responsables todavía no concluyen.
El pago de las indemnizaciones se realizó por recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato quien tras una investigación determinó que hubo negligencia en la atención de las mujeres embarazadas.
A la fecha, ningún responsable ha sido castigado.
Protegen a médicos
AM tuvo acceso al convenio que las mujeres firmaron con el ISAPEG, en cuya cláusula tercera se establece que se les indemniza como forma de reparación del daño por la muerte de sus bebés.
En la cuarta cláusula, el ISAPEG estableció que las afectadas “libremente otorgan el más amplio finiquito liberatorio de obligaciones respecto de la atención médica recibida”.
Es decir, se liberó de responsabilidad a los médicos y enfermeras que las atendieron cuando sus bebés fallecieron.
Sobre este desistimiento con el que ya no podrán demandar a la Secretaría o a los responsables de la muerte de los bebés, AM solicitó un comentario a la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero el organismo se abstuvo con el argumento de que no conocía el documento.
Además de la indemnización, la Secretaría de Salud fue obligada a proporcionar atención médica y psicológica a las mamás, a iniciar procedimientos disciplinarios en contra de los médicos y enfermeras involucrados y a que el Hospital Comunitario de Villagrán tenga personal suficiente y capacitado, cuente con equipamiento y brinde atención médica de calidad a sus pacientes.
Entrevistadas por AM, las mamás dijeron desconocer los alcances del convenio que firmaron ya que no volvieron a saber qué fue de las denuncias penales que interpusieron en el Ministerio Público.
En el transcurso de la investigación se solicitó a la Procuraduría de Justicia del Estado información sobre el resultado de dichas averiguaciones, pero no hubo respuesta.
Investigan a responsables
El caso de la muerte masiva de bebés en un hospital de Villagrán llevó a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas a iniciar ocho procedimientos de responsabilidad administrativa contra médicos generales, especialistas y enfermeras.
Esa dependencia deberá determinar la sanción que se aplicará al personal médico, que puede ir desde una amonestación (regaño) hasta la destitución e inhabilitación.
En caso de ser sancionados, los médicos y enfermeras pueden apelar la decisión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
El convenio firmado por las mamás con el ISAPEG no afecta los proceso de la Secretaría de Transparencia, ya que se trata de una responsabilidad administrativa independiente.
Todavía no hay fecha para determinar la sanción a los funcionarios.
Retrasan partos urgentes
Cinco días antes de la fecha de su parto, Marilú Zamora Ortega acudió al Hopital Comunitario de Villagrán para que la atendieran.
Durante cinco días fue al hospital, pero siempre la regresaban a su casa, incluso cuando presentó sangrado.
Finalmente fue atendida por la doctora Rosa Linares, quien la inyectó para inducir el parto.
Marilú perdió la noción del tiempo, pues sólo recuerda que ingresó al hospital un domingo y hasta el lunes en la madrugada fue llevada a la sala de parto.
“Recuerdo que me dijo la doctora: ‘las cosas se están complicando porque tu bebé tomó líquido amniótico y de su excremento, pero lo vamos a trasladar a Celaya para que lo atiendan’”.
Marilú recordó que mientras la doctora le decía la situación de su bebé, las enfermeras limpiaban a su hija de ojos, nariz y boca con tubos, para después sacar a la recién nacida de la sala de parto.
“Después que sacaron a mi niña entró la doctora Rosa a hacerme la limpieza del vientre, mientras me limpiaba lloraba y me decía: ‘perdóname, perdóname…’ Y no dejaba de llorar, pero yo no sabía hasta que me dijo que mi bebé ya había muerto”.
El caso de Marilú ocurrió el 1 de marzo de 2014.
Dos muertes consecutivas
El mismo día pero con una hora de diferencia con respecto a la bebé de Marilú, la hija de San Juana Enríquez Muñiz nació muerta. La causa fue desprendimiento de placenta, que no fue atendida de inmediato por el personal del Hospital de Villagrán.
Marilú comentó que San Juana llegó con un intenso sangrado, pero la doctora responsable de recibirla presionó a su esposo para que la sacara del hospital y la atendiera en otro lugar. Mientras pasaban las horas, el bebé de San Juana terminó por morirse en su vientre al no ser atendida.
“Mi esposo y mi mamá supieron lo que pasó con San Juana porque fue una hora después de que mi hija falleciera. Además San Juana me platicó que ella sintió cuando se murió su hija porque dice que sintió un brinco fuerte en su vientre y después ya no sintió nada”.
Acata Salud recomendación
AM solicitó la postura de la Secretaría de Salud de Guanajuato sobre las muertes de los bebés, y mediante un escrito la dependencia respondió que se han sumado a las investigaciones de Derechos Humanos, además de atender los procesos iniciados por las afectadas y sus familias.
“Personal de la Secretaría de Salud siempre tiene acercamientos con los ciudadanos en cuestión, para reiterar todo el apoyo médico profesional, psicológico y de atención médica que resulte pertinente”, subraya el escrito enviado por la dependencia que encabeza el doctor Francisco Ignacio Ortiz Aldana.
La Secretaría subrayó que se siguen puntualmente las observaciones y recomendaciones de Derechos Humanos, con quien han firmado un convenio para capacitar al personal para que éste atienda con calidad y calidez.
Además -añade el escrito- se fortalece una educación continua entre el personal de las unidades de Salud y se analizan de manera permanente los procedimientos médicos.
‘Fue un dolor muy grande’
Montserrat Guadalupe Jiménez González tenía 18 años cuando se embarazó de su primer hijo. Durante la gestación se atendió con un médico particular, pero el día de su parto acudió por la noche al Hospital Comunitario de Villagrán.
Una doctora de nombre Araceli fue quien recibió a Montserrat para dejarla en observación.
Le puso una inyección para provocarle dolores de parto, pues le dijo que aún no era momento de que diera a luz.
Montserrat relató que cerca del amanecer sintió que la fuente se reventó, pero la doctora le aseguró que no era cierto, que aún le faltaba más tiempo.
Finalmente fue trasladada a sala de parto, donde la doctora le indicó que su bebé había tomado líquido amniótico y meconio (primer excremento del bebé) por lo que lo trasladarían a Salamanca para ser atendido.
“Ahí se pierde la noción del tiempo, no puedes reaccionar a lo que esta pasando. Yo sólo veía que una doctora inyectaba a mi hijo y le metía tubos por la nariz y boca”, recordó Montserrat.
Mencionó que su esposo acompañó a una enfermera en el traslado del bebé a Salamanca, donde al llegar un médico preguntó qué sustancia le habían inyectado, porque el recién nacido ya estaba en coma.
Sin embargo, ni el padre del niño ni la enfermera supieron precisar qué medicamento le habían inyectado al bebé.
La madre de familia fue dada de alta a las pocas horas de su parto, por lo que se trasladó a Salamanca, donde falleció su hijo a los tres días, el 18 de abril de 2013.
“Fue un dolor muy grande cuando me dieron la noticia, en el hospital un padre me lo bautizó y mientras me entregaban los papeles mi esposo fue a la funeraria a comprar la cajita. De regreso a Villagrán lo vestimos de angelito”, narró Montserrat mientras lloraba.
Luego de un año, se embarazó otra vez. El dinero que le pagaron como indemnización, lo usó para su segundo parto.
“Aunque me dolió mucho aceptar el dinero de la muerte de mi hijo, lo hice para atenderme en un hospital particular de mi embarazo, porque me daba miedo que también lo fuera a perder”.
Niegan atención
“Ni aunque me hubieran dado un millón me iban a regresar a mi hijo. Ni el dinero me quitará el dolor que me quedó por su muerte”, expresó Adriana Santa Rosa Tierrafría al recordar a su hijo fallecido por negligencia médica.
En mayo de 2013, Adriana ingresó con sangrado al Hospital Comunitario de Villagrán.
Y pese a que ya se habían cumplido los 9 meses de embarazo, un ginecólogo de nombre Rodrigo la regresó a su casa. Le pidió que volviera hasta que tuviera contracciones.
La afectada regresó a los pocos días porque comenzó a tener dolores en el vientre. Una vez en la camilla, el ginecólogo la bajó para que se regresara nuevamente a su casa, argumentando que aún no era tiempo del nacimiento.
“Me bajé de la camilla y una doctora le dijo a la enfermera que me checara, pero ya no le escuchaba el latido a mi bebé; cuando le dijo al ginecólogo, me hizo un ultrasonido”.
Adriana Santa Rosa recordó que el médico le llamó a su mamá para darle la fatal noticia.
“Cuando entró mi mamá al cuarto, el ginecólogo me dijo: ‘Señora, su bebé ya está muerto, estás cosa pasan y no será la primera ni la última’. Luego, el médico se salió del cuarto. Yo me quedé en shock con mi mamá y comencé a llorar”.
Adriana recordó que antes de entrar a sala de parto, escuchaba en los pasillos a su hermano gritar que ya le sacarán al bebé si ya estaba muerto, palabras que no ha logrado borrar de su memoria.
Después de un año, recibió una indemnización por parte de las autoridades responsables
Sin embargo, sólo ha tomado una parte del dinero por necesidad. El resto está intacto porque sólo le trae el recuerdo de la pérdida de su hijo.