Cuando se gobierna con decisiones poco o nada informadas se crean crisis innecesarias; es el caso de la distribución de medicamentos.
El presidente López Obrador lanzó una cruzada contra las distribuidoras de medicinas. El 20 de marzo de 2019 envió un memorándum a Raquel Buenrostro, oficial mayor de Hacienda, que señalaba como “inmoral y violatorio del artículo 28 de la Constitución” que “tres proveedores de medicinas y materiales de curación” concentren 62.4 por ciento de las ventas al IMSS y el ISSSTE. Suspendió las compras consolidadas de medicamentos del IMSS y dio esta responsabilidad a la Oficialía Mayor de Hacienda, que no tenía experiencia y fracasó. Ordenó que “se impida la participación en licitaciones o adjudicaciones directas de dichas empresas hasta que sepamos, a ciencia cierta, si hubo en estas operaciones corrupción y tráfico de influencias”.
La orden estaba dirigida contra tres distribuidoras: Grufesa, Dimesa y Maypo. Si bien tenían un elevado porcentaje de las compras del sector público, nadie le explicó al mandatario que la concentración en México era menor que en otros países. Dada su complejidad, la distribución de medicamentos la realizan en todo el mundo unas cuantas empresas especializadas. Los resultados de las investigaciones por supuesta corrupción nunca se dieron a conocer, pero el presidente mantuvo el veto. y desmanteló el sistema de distribución de medicamentos.
Nunca comprendió la complejidad de la tarea. “¿Cómo es posible que no podamos nosotros llevar las medicinas si llega la Coca-Cola y llega la Sabritas?”, preguntó el 12 de julio de 2019. “Si es necesario, vamos a crear una distribuidora para los medicamentos”. Lejos de ayudar, produjo la peor escasez de medicinas de tiempos recientes en nuestro país.
El 12 de septiembre de 2019 anunció que había contratado “a una gente [sic] que trabajó en una de estas empresas [Coca-Cola o Sabritas] porque tienen todo un esquema de distribución de sus mercancías”. De nada ha servido. Tras partir de la idea de que no se necesitaba un sistema de distribución pasó a darle la responsabilidad al INSABI, luego a Birmex y después a las fuerzas armadas. Los problemas de distribución, sin embargo, siguen siendo los mismos desde que vetó a las principales distribuidoras profesionales.
La razón es sencilla. Si la distribución de productos como la Coca-Cola y las Sabritas es compleja, la de medicamentos es mucho mayor. Las empresas vetadas tenían décadas de experiencia, almacenes acondicionados y sistemas informáticos avanzados. Cada distribuidora recibía miles de productos distintos de cientos de proveedores y los llevaba a miles de puntos en el país con diferentes protocolos de conservación. Las distribuidoras eran una garantía contra los monopolios farmacéuticos.
Hoy se está pidiendo a los fabricantes que entreguen sus productos en 11 puntos solo de la Ciudad de México, pero ni Birmex ni las fuerzas armadas tienen la capacidad de llevarlos a todo el país en un tiempo razonable. Muchas medicinas están caducando. El gobierno está utilizando a nuevos distribuidores, aunque no los llama así, porque el término es tabú, sino “operadores logísticos”, pero no tienen la capacidad de los anteriores.
El gobierno oculta mucha información sobre los medicamentos, pero sabemos que antes se distribuían 1,800 millones de piezas al año y hoy 1,160 millones. Esto no significa, sin embargo, que todas lleguen a su destino. El consiguiente desabastecimiento ha hecho mucho daño. Lo peor es que ha sido provocado por el propio gobierno.
Monopolio
“El problema ya no es comprar, ahora el problema recae en la distribución”, declaró Juan Ferrer del INSABI, pero sigue sin entender el problema. Adelantó que Birmex distribuirá todos los medicamentos. ¿Ya olvidaron que AMLO se oponía a los monopolios?
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