En los aspectos concernientes a la salud, existe un engranaje común que integra los derechos, obligaciones, responsabilidades e incluso penalizaciones para los estados, los trabajadores, los patrones, las empresas, la sociedad civil y los individuos: estamos hablando de las leyes y normatividad sanitarias.
De manera conjunta, esas disposiciones son el tejido legal que regula las actividades y acciones en salud y trascienden entre otras cosas en la implementación de políticas públicas, el establecimiento de metas y objetivos en salud, así como el permitir y regular la operación y funcionamiento de diversos aspectos del sistema sanitario como son la prestación de servicios, los recursos humanos y fuerza de trabajo, productos, dispositivos y tecnología médica, además del financiamiento en salud y protección de la información y en sus diversos pronunciamientos establecen y adjudican responsabilidades, actividades e incluso estructuras organizacionales.
En su concepción (y aplicación en el mundo real) son ese basamento en el que se establecen “reglas” de características predecibles, apropiadas y lo más justas y racionales posibles, para dar lugar a acciones que resuelvan problemas, controversias y colaboren a administrar o mitigar el riesgo en temas de salud, en afán de mantener y asegurar este derecho fundamental de las poblaciones e individuos.
Debido a que la práctica de la medicina está ligada de manera muy íntima a la “propiedad” máxima del individuo que es su mismo cuerpo, las propias vulnerabilidades o la necesidad de mantener su bienestar, se sujetan a multitud de restricciones y regulaciones que se diseñan para proteger los intereses de las personas, buscando mantener viables también las necesidades de grupos, comunidades y poblaciones. Derivado de ello, la práctica de la medicina esta circunscrita a estos principios regulatorios y los personajes dedicados a este sector, en sus múltiples actividades o responsabilidades, deben estar sujetos a ellos y garantizar que se conducen de manera competente, con ética y probidad.
Pues bien, el progreso de la ciencia, los avances en la investigación y el uso de nuevas tecnologías aplicadas a diagnósticos y tratamientos, abre multitud de caminos con respecto a responsabilidades y de manera frecuente los mecanismos regulatorios (leyes y normas) se encuentran desfasados o no acordes a esa realidad cambiante.
Así mismo, esto representa un desafío importante para aquellos que practican las ciencias médicas y sus disciplinas adjuntas, puesto que se requiere que los profesionales en estas áreas sean hábiles en el entendimiento de regulaciones y normatividad, de la misma manera que son hábiles para diagnosticar y tratar enfermos. Es necesario que un profesional de la salud no solamente sea versado en habilidades clínicas, sino que debe ser ducho en navegar a través de los complejos sistemas regulatorios que gobiernan el cuidado proporcionado a los pacientes. Desafortunadamente, la capacidad que tienen multitud de individuos relacionados con la salud para lidiar con estos desafíos y cambios respecto a las regulaciones, leyes y normatividad en salud, es sumamente limitada y esto comienza desde etapas tempranas en los sistemas de educación médica.
Si bien es un área “árida” en las formas de ser enseñada, es fundamental que se implemente de manera cabal en los sistemas de formación de recursos en salud. La enseñanza de leyes y normatividad, así como mecanismos de aplicación real (relacionados con temas regulatorios de calidad, riesgos sanitarios, adversidades legales, mala praxis, entre otros) resulta en un recurso invaluable para el profesional sanitario, que ahora puede conocer el deber ser y el camino correcto, para tomar decisiones más sensatas en su práctica diaria. No es tema menor y se invita a quienes forman recursos humanos en salud a dar cada día más espacios a estas disciplinas. Vale mucho la pena.