La violencia en sus múltiples variantes, que abarca componentes interpersonales, autoinfligida o colectiva, conduce de manera inevitable a problemas físicos y mentales, discapacidad e incluso muerte prematura. Derivado de lo anterior, además de la relevancia y trascendencia que presenta a nivel legal y judicial, es necesario considerarla como un problema de salud pública.
El abordaje de este problema sanitario, al igual que otros tantos, requiere de una descripción epidemiológica e identificación puntual de sus causas, con el afán de implementar y llevar a cabo (en la mejor medida de lo posible) intervenciones en salud pública relacionadas.
Desafortunadamente, esta descripción no es alentadora: entre las primeras causas de muerte a nivel global se encuentra la violencia interpersonal y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los homicidios representan 500,000 muertes de manera anual a nivel global, con un impacto directo mayor en las personas jóvenes cuya edad ronda los 15 a 29 años. Las consecuencias son devastadoras: los efectos en los miembros de la familia sobreviviente y los núcleos sociales y laborales relacionados, incluyen ansiedad, depresión, estrés post-traumático, agresividad, sensación de culpa y un aumento en la percepción de vulnerabilidad. Los problemas escolares y en el trabajo aumentan y en multitud de ocasiones las familias afectadas se encuentran en un problema de gastos repentinos que no son costeables de manera inmediata (como son los relacionados a gastos funerarios o de asesoría legal). El impacto se magnifica cuando el afectado es el sostén de la familia y esta no puede mantenerse a flote financieramente.
De la misma manera, los homicidios generan una sensación de inseguridad y desasosiego en las poblaciones y cuando estos ocurren en altas proporciones (casi siempre en lugares con sistemas judiciales débiles, ineficientes y corruptos) se contribuye a un sub-desarrollo social y económico, con las consecuencias nefastas añadidas para los sistemas de salud.
Ahora bien, si se aduce que la violencia interpersonal está relacionada con un gobierno débil, legislación endeble y peor aplicación de la misma, así como pobre educación y limitadas oportunidades de empleo y desarrollo, se entiende que los sistemas sanitarios relacionados a estas realidades tampoco funcionan de una manera eficaz ni eficiente. De igual manera, la realidad sanitaria relacionada a la violencia incluye otros eventos “no fatales” directos y entre ellos encontramos el abuso sexual y psicológico, muerte prematura relacionada a enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades transmisibles como VIH/SIDA, que son consecuencia del abuso de tabaco, alcohol, drogas ilegales y relaciones sexuales de riesgo, que son conductas frecuentes en los ejecutores de las actividades violentas.
No es para nada un tema sencillo de abordar y menos de solucionar, pero es fundamental realizar acciones para describir de inicio el problema y entenderlo en su dimensión correcta. Este primer paso es sumamente complicado pues se han de conocer de manera puntual las raíces del problema de violencia y se habrá de tener la templanza y agallas para hacer frente a dicha información.
Las acciones estatales y de la sociedad civil habrán de abordar los factores de riesgo clave que originan violencia y ajustar y mejorar la aplicación de leyes existentes en afán de disuadir la criminalidad y eventos violentos. Hablando específicamente del área de la salud relacionada a esta problemática, se debe garantizar como medida prioritaria el acceso a servicios médicos, sociales y legales para identificar, derivar, proteger y apoyar a las víctimas de violencia. Como sociedad habremos de exigir que se inicie este camino. Es tiempo.