Cuando Sergio Aguayo hizo un comentario adverso a Humberto Moreira en su columna semanal del periódico Reforma, el ex gobernador le enderezó una demanda civil. Aguayo explicaba algo sobre la mala fama de quien fuera detenido en España en tiempos de Enrique Peña Nieto.
Armado de mil influencias y jueces a modo, Moreira demandó por 10 millones de pesos por supuesto “daño moral”. Lo sorprendente del caso fue que ganó el litigio y Aguayo tuvo que entregar una fianza de 500 mil pesos, además de perder valioso tiempo en la defensa de su libertad de opinar, de informar a sus lectores.
Al ex gobernador le precedía una cauda de hechos claros y duros: había heredado una deuda de 36 mil millones de pesos a su estado. Su secretario de Finanzas, Javier Villareal Hernández, cayó en la cárcel en Estados Unidos por compras de inmuebles en ese país sin poder demostrar el origen del dinero. Cuando fue interrogado su testimonio fue demoledor. En los seis años de gobierno de Moreira, se habían gastado 610 millones de euros en Unipolares y Publicidad del Norte, según una publicación del periódico El País en noviembre del 2018.
Poco podía alegar Moreira. Sergio Aguayo no podía manchar su nombre porque ya estaba negro. Además era la libre opinión de un crítico prestigioso e investigador del Colegio de México.
Tal fue el escándalo de la sentencia injusta que la Suprema Corte de Justicia atrajo el amparo directo de Aguayo en julio de 2020 por considerar que “el caso era útil para fijar precedentes en materia de libre expresión”.
La Primera Sala de la SCJN juzgó: “el discurso que en el caso dio pie a la acción de reparaciòn del daño moral derivado del supuesto abuso de la libertad de expresión es un discurso preponderantemente de opinión que se fundamenta en una base fáctica que, sin llegar a someterse a un límite de veracidad tan rígido como el que se aplica a divulgaciones de información meramente noticiosa, supera satisfactoriamente el estándar de sustento fáctico suficiente”.
Traducido: una opinión puede darse en libertad. Sin eso no podría existir periodismo libre, periodismo de investigación, ni siquiera podrían los periodistas y editorialistas especular sobre el ambiente político y social del país. El fallo contra Aguayo era un muro a nuestro sistema de libertades, un ataque al corazón de la democracia misma.
El doctor Aguayo pudo enfrentar la demanda porque la razón siempre estuvo de su lado. Nadie se explicaba cómo le habían endilgado una pena monetaria tan absurda. La Primera Sala votó por unanimidad el proyecto de la magistrada ponente Margarita Díaz-Fajart. La absolución permitirá que los periodistas y comentaristas de todos los medios puedan expresar sin temor sus opiniones, puntos de vista e incluso especulaciones sobre el actuar de los servidores públicos. Sólo faltaba que en México, donde los periodistas son agredidos, insultados y asesinados, también se les obligue a cubrir demandas civiles por vertir una opinión.
La sentencia de la Suprema Corte es una decisión que iluminará a jueces y magistrados desde la primera instancia. Además, con la multiplicación de los medios y redes sociales, hay una línea que se borró entre los periodistas de oficio y profesión y los miles de ciudadanos que opinan (felizmente) de todo y sobre todo lo que les viene en gana. No habría jueces ni juzgados suficientes para dirimir presuntos daños morales, presuntas pérdidas económicas de quienes tienen o tuvieron un puesto público.