De elaborar algún balance a las más de seis horas que duró el encuentro para el análisis en materia de protección de derechos humanos y de salvaguarda del periodismo, destaca como positivo llevar este tipo de debates a las regiones de la entidad.
Las sedes serán Ixmiquilpan, Zimapán, Tulancingo, Metepec, Huejutla, Zacualtipán, Tepeapulco y Tula, para que los trabajadores de los medios de comunicación den a conocer desde sus regiones las problemáticas que enfrentan a diario en su labor profesional y aporten soluciones que enriquezcan una posible ley en la materia.
Así, el Congreso deja a un lado una visión centrista que trata de reducir el quehacer del periodismo a únicamente Pachuca y su zona metropolitana, y en lugar de ello, abre el análisis a regiones complejas como la Huasteca, Valle del Mezquital y Tula-Tepeji, cuyos reporteros desde luego tienen preocupaciones, dudas y sugerencias respecto al trabajo periodístico.
Ya lo dijo el gobernador electo, Julio Menchaca Salazar, durante un programa radial cuestionado sobre la reforma a la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y De Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo: no hay prisa y hay que hacerlo bien.
Entonces, si las propuestas de los compañeros reporteros en todas las regiones de la entidad rebasan la reforma que propone el diputado Roberto Rico Ruiz, es justo considerar una nueva ley, sin importar el tiempo que esto lleve.
Con todos los alcances que implica definir quién es periodista: aquel que genera información de forma cotidiana, que puede ser corroborada como fidedigna y veraz a través de medios impresos y digitales que publican con cierta regularidad con un objetivo: el bien común de una sociedad.
A diferencia de los cada vez más comunes usuarios de redes sociales cuyos contenidos carecen de rigor periodístico y lejos del bien común tratan de generar reacciones e interacciones como una estrategia de marketing cuya finalidad puede ser política.
El diputado Roberto Rico Ruiz, en otra iniciativa, intenta rescatar la fiscalía que anteriormente atendía en teoría delitos contra el periodismo, la cual desapareció entre la burocracia del Ministerio Público.
En caso de revivir a la fiscalía que atiende los delitos contra el periodismo es necesario dotarla de dientes para que pueda cumplir su tarea y, también, evitar que más del 60 por ciento de su presupuesto sea destinado en servicios personales. Por eso, la anterior fue un total fracaso.
Tan solo un día después de que se llevó a cabo el foro en el Congreso local, el corresponsal del diario Criterio en Huejutla, Francisco B.S., fue agredido físicamente el pasado 25 de junio cuando cubría una riña en las inmediaciones del mercado municipal de esa ciudad de la Huasteca.
La agresión sucedió frente a policías municipales que detuvieron al responsable para después ponerlo a disposición de la conciliadora municipal; sin embargo, esta decidió liberar a quien dijo ser vecino de la localidad Oxtomal, en Huejutla, al argumentar que había sido detenido por faltas administrativas y luego de cubrir una multa pudo recuperar su libertad.
Ahí es donde la fiscalía debe actuar, basada en un marco legal cuyas bases quedaron firmes después del foro en el Congreso de Hidalgo, el pasado viernes, solo falta voluntad para concretarlo… y tiempo.
Por otro lado, Julio Menchaca ya debió detener varios decretos gubernamentales que venden predios públicos a particulares, justo en la recta final de la actual administración estatal.
La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo