La devastación ambiental que se está viviendo en la Península de Yucatán con la construcción del Tren Maya, es el claro ejemplo de la necesidad de contar con un Tribunal Ambiental para la protección del medio ambiente.
Morena está destruyendo nuestro legado natural y cultural para cumplir con los caprichos del Presidente de la República. Para colocar, lastimosamente, un nuevo “elefante blanco”, que se sumará al aeropuerto Felipe Ángeles y a la refinería de Dos Bocas.
Si bien es necesaria la conectividad y el fortalecimiento de la actividad económica y turística de la zona, es innegable que el Tren Maya ha traído una devastación ecológica y una inminente destrucción de hallazgos arqueológicos, paleontológicos y subacuáticos. No se puede permitir que, sólo por cumplir con los mandatos presidenciales, se destruya nuestra historia, nuestra riqueza natural y nuestra identidad.
El Estado mexicano tiene la obligación internacional de crear tribunales especializados en materia ambiental a fin de garantizar el derecho al acceso a la justicia ambiental. El más claro ejemplo, es lo que señala el artículo 8 del Acuerdo de Escazú, que dispone que los Estados Parte establecerán medidas para reducir o eliminar barreras al ejercicio de acceso a instancias judiciales y administrativas adecuadas.
Aunado a ello, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, de 2013, en su artículo tercero transitorio, estableció que en un máximo de dos años se crearían juzgados especializados en materia ambiental; sin embargo, no se ha hecho. El Estado mexicano está incumpliendo con su obligación constitucional y convencional.
Si bien existe la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y otras procuradurías ambientales locales desde los años noventa, no se ha visto correspondida con el establecimiento de tribunales especializados, como sí ha sido el caso en muchos otros países latinoamericanos. No pasa desapercibida la existencia de una sala especializada en materia ambiental en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; sin embargo, esto no es suficiente.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destaca que sólo Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago cuentan con Cortes o Tribunales Ambientales. Otros ejemplos de vanguardia son las cinco Cortes Ambientales con las que cuenta Suecia, el Tribunal de Tierras y Medio Ambiente de Australia o la Corte de Medio Ambiente de Nueva Zelanda.
En México el acceso a la justicia ambiental sigue restringido por dificultades institucionales y deficiencias económicas, y jurídicas de coyuntura. Si bien el artículo 4º. de la Constitución reconoce ya, desde 1999, el derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, aún no se han conseguido establecer mecanismos y procedimientos administrativos, institucionales y judiciales para que el Estado garantice plenamente este derecho.