A casi ocho años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, sus padres persisten en la lucha por conocer su paradero. Este jueves acudieron a Palacio Nacional, donde autoridades federales les ofrecieron detalles sobre las indagatorias del caso Ayotzinapa.
La última vez que el comisionado presidencial para el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, ofreció un informe a los familiares fue el 26 de septiembre del 2021, con avances lentos para esclarecer los hechos.
Los padres de los normalistas arribaron en un autobús acompañados por el abogado Vidulfo Rosales. También llegaron los secretarios de Defensa y Gobernación, Luis Crescencio Sandoval y Adán Augusto López, respectivamente.
La reunión tuvo lugar en el Salón Tesorería del recinto del Ejecutivo, en donde también arribó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar y el subsecretario de Seguridad Pública,
Ninguno de los funcionarios ofreció declaraciones. A las 13:00 horas se había programado una conferencia de prensa conjunta.
Sin rastros claros sobre Caso Ayotzinapa
En agosto, en el encuentro entre Comisiones de la Verdad México-Colombia, Encinas reconoció que no existe rastro y las muestras de los hallazgos encontrados en las más recientes búsquedas no han arrojado suficiente ADN para su identificación.
El subsecretario informó entonces que se continuaba con la revisión de unos 17 mil documentos que había sido entregados al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la Comisión Presidencial para la Verdad en el Caso Ayotzinapa.
Con el Gobierno lopezobradorista, la Comisión presidencial busca desmentir la “verdad histórica” presentada en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, que señala que los 43 estudiantes fueron privados de la libertad, asesinados, incinerados y sus cenizas arrojadas al río San Juan, en Guerrero, por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos que los confundieron, reveló Reforma.
El pasado 30 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno ya sabe qué le sucedió a los estudiantes, pero que informarán hasta certificar las pruebas.
Ya sabemos lo que sucedió, nos faltan algunas cosas para complementar, porque acuérdense que es un proceso judicial y se pueden tener pruebas, pero hay que certificarlas, hay que validarlas”, afirmó.
La semana pasada aseguró que el Gobierno busca una salida política en el caso pues no investigará al Ejército debido a la preponderancia que se le ha dado en el actual régimen.
Este Gobierno no está dispuesto a ejercer presión al Ejército para que sea investigado y sancionado. Por el contrario, hoy podemos ver cómo este gobierno está dando un sinnúmero de facultades legales al Ejército”, dijo.
(Con información de Agencia Reforma y El Universal).
HEP
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