Guanajuato.- La Comisión de Gobernación del Congreso rechazó la iniciativa del PVEM de crear una ley para penalizar el coaching coercitivo, que en realidad es tortura psicológica, porque las conductas ya están contempladas en la Ley de Víctimas y en el Código Penal del Estado.
El diputado Gerardo Fernández González, coordinador del Partido Verde, denunció que la propuesta pretende expedir una ley para proteger y asistir de manera integral a todas las personas que sean víctimas de actividades como extorsión, estafas, torturas y manipulaciones dados por líderes unipersonales, grupos, colectivos u organizaciones que ejercen persuasión coercitiva o abusos contra ellos.
Y es que dijo que estos grupos sólo buscan obtener el dinero de los participantes a través de “fachadas” que se presentan como asesorías empresariales o de desarrollo personal, a través de métodos que los presionan psicológicamente y les inculcan la idea de que todo lo que les pasa es culpa de ellos, con lo cual en ocasiones les ocasionan daños psicológicos.
Carlos Torres, de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, señaló que lo propuesto ya está contemplado en la Ley de Víctimas y en el Código Penal del Estado.
Además, porque la Ley Federal de Asociaciones Religiosas contempla el castigo para las agrupaciones de este tipo aunque no tengan registro ante la Secretaría de Gobernación.
Jonathan Moreno, de la Coordinación Jurídica de la Fiscalía del Estado, coincidió en que el contenido de la iniciativa ya está regulado en la Ley de Víctimas del Estado. Además de que ésta contempla la protección y reparación del daño a las víctimas de cualquier tipo de conducta de cualquier tipo de delito.
Alberto Herrera, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, consideró que la iniciativa buscar regular situaciones que son materia del Congreso de la Unión, por lo que toca al ámbito religioso.
No se considera viable porque podría incurrir en una invasión de competencias. Además de incurrir en violación a la libertad de creencias y de culto”, advirtió.
Por lo que la diputada Susana Bermúdez, presidenta de la Comisión, encargó el dictamen en sentido negativo. Pues declaró que de aprobarse, sería letra muerta, además de que ya existe un Registro Estatal de Víctimas.
DSS