El que un gobierno que se dice de izquierda, y liberal, esté impulsando la militarización, no solo de la seguridad pública, sino de una amplia variedad de actividades productivas, es inquietante. Es la estrategia de una dictadura de derecha. Sorprende más que el Presidente haya sometido al Congreso unas reformas de leyes secundarias para asegurar la militarización permanente de la Guardia Nacional en abierta violación a la Constitución.
Para recalcar su desprecio por la Carta Magna, utilizó su mayoría en la Cámara de Diputados para declarar la iniciativa de “obvia y urgente resolución” y obtener una “dispensa de trámites”. La iniciativa voló así por la Cámara sin pasar por comisiones, sin dictámenes y sin que se le cambiara una sola coma. Es la forma de legislar de un gobierno autoritario.
Un régimen progresista, por otra parte, no busca encarcelar a personas antes de ser juzgadas. La prisión preventiva violenta las garantías individuales. Este 5 de septiembre, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas exhortó de manera urgente a México a anular ese castigo previo al juicio: “La prisión preventiva oficiosa es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos”, declaró Miriam Estrada-Castillo, presidenta relatora. La Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de la ONU, han adoptado conclusiones similares. En 2019, cuando el gobierno de López Obrador amplió el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló: “La aplicación de la prisión preventiva obligatoria en razón del tipo de delito constituye no solo una violación al derecho a la libertad personal protegido por la Convención Americana, sino que convierte a la prisión preventiva en una pena anticipada”.
Al Presidente no le importa. Está convencido de que todo lo que hace es correcto por el simple hecho de que él lo hace. Sus argumentaciones, sin embargo, carecen de lógica. Para justificar la militarización de la Guardia Nacional, la iniciativa declara en su exposición de motivos como fallida la “estrategia conocida como ‘guerra contra el narcotráfico’ iniciada en el 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa”, debido a que los militares violaron derechos humanos y recurrieron a un uso excesivo de la fuerza. Añade, sin embargo, que hay “una radical transformación en la conducta de las personas integrantes de las Fuerzas Armadas en los últimos tres sexenios”. ¡Milagro! Además: “La profunda raigambre social, disciplina institucional y composición popular de las fuerzas armadas dan testimonio fehaciente de su tradición pacifista. y [marcan] una diferencia comparativa con respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en distintos aspectos de la vida pública de otros países de América Latina”. Con estos argumentos justifica modificaciones a leyes secundarios que violan el artículo 21 de la Constitución, que dice claramente: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.
Para un presidente que ha espetado a ministros y magistrados “Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”, el que la Constitución ordene que la Guardia Nacional debe ser civil no es un obstáculo para militarizarla. En una presidencia imperial, la palabra del monarca está por encima de la Constitución.
Estado violador
Entiendo que la Suprema Corte no puede declarar inconstitucional una parte de la Constitución, pero la prisión preventiva oficiosa es violatoria de los derechos humanos. Dejarla en la Constitución nos exhibe como un Estado que viola las garantías individuales.
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