“No a la militarización del país”.
Mario Delgado, 2018
Militarizar la Guardia Nacional es una política popular. Las encuestas nos dicen que los mexicanos prefieren que las fuerzas armadas se encarguen de la seguridad pública. Quizá eso explica por qué el presidente López Obrador, quien se oponía a la militarización cuando estaba en la oposición, y que como candidato prometió regresar las tropas a los cuarteles, ha afirmado: “Cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron”.
Desde hace mucho tiempo la militarización de las policías federales ha sido la opción de los gobernantes. Por eso Enrique Peña Nieto impulsó la Ley de Seguridad Interior, que ante la oposición de Morena se aprobó en el Congreso, solo para ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte. Felipe Calderón lanzó los operativos conjuntos de policías locales y fuerzas armadas en diciembre de 2006, a petición del entonces gobernador de Michoacán, hoy jefe de asesores del presidente López Obrador, Lázaro Cárdenas Batel.
Ningún gobernador, ni siquiera los de oposición, han pedido hoy al Gobierno federal que retire la Guardia Nacional de sus territorios. Y no solo eso. El gobernador priísta de Oaxaca, Alejandro Murat, declaró este 12 de septiembre: “En el corto plazo, y mientras no exista otra estrategia que le pueda brindar al pueblo de México la seguridad que exige y merece, es irresponsable retirar de las calles a las fuerzas armadas y cambiar el marco jurídico que le da certeza a la Guardia Nacional”. AMLO ha afirmado que “a todos nos conviene” que las fuerzas armadas sean policías. No podrá decir que “No somos iguales”.
La gente quiere a los soldados y marinos en las calles porque sabe que, pese a sus defectos, son mejores que los policías municipales o estatales. Cuando se registra violencia del crimen organizado, como este pasado 12 de septiembre en Orizaba, la población aterrada no pide el respaldo de las policías locales, sino de la Guardia Nacional o, mejor aún, de las fuerzas armadas.
La militarización, sin embargo, no ha sido una varita mágica para resolver el problema de la violencia. Las fuerzas armadas han intervenido en funciones de seguridad pública desde la década de 1980; pero, lejos de disminuir, los homicidios y la actividad criminal han crecido de manera exponencial. El sexenio de López Obrador, ya con una Guardia Nacional abiertamente militarizada, ha sido el más violento de la historia registrada. La gente se siente más protegida por las fuerzas armadas, pero sus resultados han sido bastante malos.
Hay otro problema. La militarización permanente de la Guardia Nacional, como pretende la reforma de cuatro leyes secundarias que aprobaron ya los diputados y senadores de Morena, es inconstitucional. La nueva iniciativa de la diputada priísta Yolanda de la Torre, que amplía el plazo de participación de las fuerzas armadas en labores de policía de marzo de 2024 a 2029, es quizá sensata, pero la verdad es que el gobierno no ha hecho ningún esfuerzo por preparar a una Guardia Nacional civil capaz y honesta. Si se aprueba la prórroga para el 29, habrá una nueva posterior.
México puede y debe tener una policía federal civil de calidad. Era tan falso argumentar, como hacían antes los morenistas, que los soldados por naturaleza violan los derechos humanos, que decir que los civiles mexicanos tienen una tara congénita que les impide organizar un buen cuerpo de policía. Entiendo que para los políticos es más fácil entregar la tarea a los comandantes militares, pero lo responsable es construir una policía civil confiable.
Trabajo
Lula da Silva, que busca regresar a la presidencia de Brasil, ha declarado: “La gente no quiere vivir de beneficios del gobierno todo el tiempo. Lo que da orgullo al ser humano es tener un salario y llevar comida a casa con su trabajo”. Lo deberían escuchar nuestros conservadores que se dicen de izquierda.
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