Si de verdad al actual gobierno de Hidalgo le interesa la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, tendrá que nombrar al fiscal en la materia.
Sin hacer mucho ruido, el exprocurador Alejandro Habib Nicolás revivió la fiscalía en un acuerdo publicado el pasado 24 de agosto en el alcance tres del Periódico Oficial (POEH), según publicó oportunamente la reportera de AM Hidalgo, Lourdes Naranjo.
La fiscalía estará a cargo de una persona con nivel de dirección de área y calidad de Ministerio Público que será designada o removida por el titular de la procuraduría, señala el artículo uno del acuerdo.
Además, dicha fiscalía “estará integrada por un equipo multidisciplinario conformado por agentes del Ministerio Público, de investigación, notificadores, analistas de información y personal pericial”, agrega el acuerdo.
Vaya dilema para Nieto Castillo. En un gremio tan diverso, por llamarlo de algún modo, como es el de periodistas, tratar de encontrar coincidencias parece difícil pero no imposible pues es tiempo de apostar por perfiles que han ejercido este oficio durante años alejados del oficialismo y no por aquellos que permanecen desde la comodidad del aula, la oficina o del comunicado de prensa.
Mientras que los diputados del Congreso de Hidalgo deberán etiquetar, como parte de la discusión del paquete económico 2023, el recurso para esta fiscalía que paradójicamente desaparecieron en el presupuesto de este año.
La primera fiscalía en funciones ejerció 7 millones 939 mil pesos de 2015 a 2021, dinero invertido principalmente en pago de servicios personales como nómina, remuneraciones especiales y mantenimiento de vehículos, de acuerdo con los presupuestos aprobados por los legisladores.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos en Hidalgo (así se llamaba) nació muerta en mayo de 2015 pero la enterraron luego que los diputados locales la sacaron del presupuesto del actual año ya que la dependencia fue absorbida por una subprocuraduría.
Nació muerta pues durante seis años arrastró nula efectividad para investigar las denuncias de agresiones que iniciaron trabajadores de medios de comunicación y solo actuaba cuando un caso ya era demasiado evidente con tal de justificar su moribunda e inútil existencia.
La fiscalía fue absorbida por la Subprocuraduría de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social y después la crearon otra vez con el acuerdo del pasado 24 de agosto.
Además, Roberto Rico Ruiz, quien en su periplo de diputado impulsó reformas a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, debe dar continuidad a las conclusiones de los foros organizados en las regiones de la entidad, ahora desde el área de Servicios Legislativos.
La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo