La Guardia Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador le cuesta al país 63 mil millones de pesos al año. Según datos del informe anual, en 2021 solo hizo 14 detenciones como resultado de investigaciones o trabajos de inteligencia. El año anterior, las precarias policías estatales lograron la aprehensión de 200 mil 722 personas como presuntas responsables de delitos.
Los policías sufren, sin embargo, un maltrato laboral sistemático. El 93% de los elementos del país ganan menos de 15 mil pesos al mes. El 36% gana menos de 10 mil pesos mensuales. Pero existen policías que ganan, incluso, menos de cuatro mil. Mientras el gobierno de AMLO intenta avanzar a toda costa hacia la militarización, como única salida posible, según esto, a la crisis de violencia e inseguridad que se vive en México, las policías del país han quedado completamente abandonadas. Más abandonadas que nunca. No hay profesionalización de mandos, no hay posibilidad de hacer carrera, no existe rotación entre corporaciones, no hay ascensos por concurso. Desde que el proceso de militarización de México comenzó en el año 2006, con la declaración de guerra al narcotráfico de Felipe Calderón, el país no ha hecho sino acumular sus muertos: 270 mil durante los sexenios de Calderón y Enrique Peña Nieto.
Más de 120 mil en los cuatro años que van desde la llegada al poder de López Obrador. En todo ese tiempo, las calles, las carreteras, las brechas, los pueblos y las ciudades se han llenado de uniformes verdes. Y sin embargo, la violencia no se detiene. Este sexenio va a terminar como el más sangriento de la historia. De hecho, ya lo es. Hay más muertos en el sexenio de AMLO que los que hubo en los primeros cuatro años de Calderón y Peña.
La propuesta de López Obrador y sus aliados para ampliar la permanencia del Ejército en las calles no admite lo que fatalmente la realidad nos ha mostrado: el fracaso de un modelo de seguridad hecho como ocurrencia en 2006 y reforzado como ocurrencia 16 años más tarde. Se nos ha hecho creer que no hay salida posible. Que hacer exactamente lo mismo que se ha hecho durante los últimos tres lustros esta vez nos permitirá obtener un resultado distinto, aunque las cifras estén demostrando lo contrario.
Este es uno de los grandes sinsentidos: el 95% de los delitos reportados en México pertenecen al fuero común y, sin embargo, la mayor parte de las policías están impedidas para investigar delitos. Para colmo, se abandonó la idea de fortalecerlas, de profesionalizarlas. El Fortaseg, cuyo presupuesto atendía casi 300 de los municipios más peligrosos, desapareció.
Todo esto envuelve solo uno de los problemas que la 4T no ha resuelto -y probablemente ya no va a resolver-, y que tienen al país hundido en la muerte, la sangre, la inseguridad.
Otros asuntos: en el país hay solo 12 mil agentes del ministerio público para atender 28 millones de delitos y dos millones de denuncias. Al mismo tiempo, 80% de las carpetas involucran delitos con penas menores a cuatro años y 85% de las carpetas no llega nunca a manos de un juez. Además, 4 de cada 10 personas que se encuentran en prisión no han recibido sentencia. Y para colmo, no se investigan en el país delitos complejos. El 99% de las detenciones de la Guardia Nacional ocurren en flagrancia.
Pude revisar y adelanto parte de la propuesta “México tiene opción: justicia y paz”, que Movimiento Ciudadano presentará el día hoy a las 5 de la tarde y que esboza un camino diametralmente opuesto a aquel que nos exige justificar la militarización a toda costa. ¿Es posible corregir la ruta? ¿Imaginar una estrategia integral que vuelva a poner la seguridad dentro del ámbito civil y logre al mismo tiempo el fortalecimiento de lo local? La propuesta plantea en resumen una reforma que elimina las restricciones para que las policías investiguen, se profesionalicen, puedan cumplir mejor con su trabajo preventivo. Un camino para darle verdadera autonomía a los ministerios públicos (y no a la Fiscalía). Un camino para que no se confunda la función de investigar con la de acusar. Una ruta para reformar el aparato federal de seguridad pública y buscar alcanzar al fin una justicia pronta y expedita.
En este último punto la propuesta propone como soluciones: no abrir procesos sin acusación formal, eliminar la prisión preventiva oficiosa para todos los delitos, garantizar el inicio expedito en casos de flagrancia, poner a los detenidos a disposición de un juez y no de un MP… La militarización perpetua no va a resolver absolutamente nada y muy probablemente solo logrará el incremento de la violencia.
La propuesta que hoy se presentará puede ser discutible. Pero vale la pena iniciar ya esa discusión, para intentar la vuelta al camino de lo civil.