Una vez más nos topamos con que existe en este país surrealista una brecha inmensa entre el dicho y el hecho. En su sermón matutino, el Presidente dijo ayer sobre el informe del Caso Iguala que dio a conocer REFORMA a la opinión pública el sábado pasado que “tenemos una voluntad inquebrantable para que haya justicia, que no haya corrupción, que no haya impunidad”. Palabras muy bonitas, conceptos muy loables, pero que NO SON RESPALDADAS POR LOS HECHOS.
¿A qué hechos nos referimos? A la OMISIÓN por parte de la FGR de -cuando menos- fincarle cargos a un titipuchal de personas, entre militares, ex funcionarios federales y locales, que según información obtenida por la Comisión para la Verdad, entre ellas grabaciones hechas por agencias de inteligencia norteamericana a miembros del CÁRTEL Guerreros Unidos, turnadas al Gobierno mexicano, y que indican la implicación de autoridades federales y locales, así como de militares, en los barbáricos actos que segaron vidas, desaparecieron y encubrieron, en lo que ha sido descrito ya como un “crimen de Estado”. Uno que aparte del homicidio doloso descubre la estrecha colaboración entre el cártel de la droga Guerreros Unidos y las autoridades mencionadas.
Habla el Presidente de que tiene una “voluntad inquebrantable” para que no haya impunidad. ¿Por qué entonces no ha procedido la FGR a fincarles cargos a los implicados, sobre todo a mandos militares relacionados con el 27 Batallón de Infantería, y en un posible encubrimiento de los hechos a elementos de la Marina destacados en esa zona, y que pudieron haber sembrado evidencia falsa en el basurero de Cocula en donde NO FUERON incinerados los cuerpos de las víctimas?
Si existe esta voluntad inquebrantable del Presidente por hacer justicia debe quedarles muy claro a los señores de la Cuarta Tergiversación que lo MÍNIMO que DEBE hacer la FGR para cumplir con los postulados verbales del mandatario es citar a declarar a los implicados por las grabaciones y por los hechos descubiertos, relacionados con el encubrimiento en el que estuvo involucrado prácticamente todo el aparato de Seguridad del entonces presidente Peña Nieto, y algunos militares.
Está resultando éste otro caso más en el que se dice una cosa, pero se hace otra muy distinta. Incluso se dan CONTRADICCIONES graves dentro del mismo Gobierno: un funcionario implica a un General -directamente- en la matanza, y sin embargo, la FGR no lo acusa de ESTE preciso delito, sino lo acusa y detiene por otros.
Aparenta como si hubiese en todo este caso una CONSIGNA muy clara: exonerar a los militares y centrar la responsabilidad de este crimen de Estado en el ex alcalde de Iguala, Abarca, su esposa (¿y qué, ella mandaba, o qué?) y en gente como Tomás Zerón, discípulo de Genaro García Luna, que como quiera ya está frita por otros delitos.
Incluso García Luna, el consentido del ex presidente Calderón -craso error cometió éste nombrándolo y sosteniéndolo por terco y sordo- está preso en Estados Unidos y, con los cargos que enfrenta, por el resto de su vida verá la luz cuadriculada.
A nadie escapa esta hipocresía del mando político actual, de destapar la cloaca, pero sin esmerarse en limpiarla del todo, es decir, se le rinde pleitesía verbal a la justicia y al mismo tiempo se pretende -a juzgar por la actuación o no actuación de la FGR- impulsar, para algunos implicados, la impunidad. De ahí que los normalistas sigan indignados y ayer hayan tomado las calles, pues se HABLA de justicia, pero NO SE HACE justicia.
En el supuesto caso de que no se pudiera probar, por ejemplo, que hubo militares activos en la matanza de los normalistas de Ayotzinapa, no pueden explicar nuestras autoridades -mucho menos justificar- su relación insana con el cártel de Guerreros Unidos, y tampoco su evidente colaboración en la desaparición de por lo menos SEIS de los 43 cuerpos, ni tampoco el posterior encubrimiento de los hechos y la fabricación de evidencia que condujo a la “verdad histórica” que ni era verdad y mucho menos histórica.
Cierto que el ex procurador Murillo Karam fue el arquitecto de este monumental -y criminal- engaño, pero en ello sin duda TUVO AYUDA de muchos actores, y aquí es donde el puerco tuerce el rabo, pues la FGR NO ESTÁ ACTUANDO conforme a las EVIDENCIAS. OMITE partes de ella que le son inconvenientes al régimen, y actúa de manera “minimalista” en las que sí le conviene.
La conclusión evidente para muchos es que lo que IMPARTE nuestra FGR con un “Fiscal” cuestionado, pero respaldado por el Presidente, no es JUSTICIA, sino una facciosa administración de ciertos hechos para acomodarlos a los intereses políticos del partido en el poder. Es decir, lo MISMO que hicieron los anteriores, pero sirviendo a diferentes intereses.
Increíble que siga siendo necesario repetirlo, pero por lo visto hay gente en este Gobierno que si lo entiende prefiere ignorarlo: sin justicia no hay paz y sin paz no puede haber progreso, ni equidad, ni se puede aspirar a mejores niveles de vida para los ciudadanos.