Ciudad de México.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) calificó de grave que la Fiscalía General de la República (FGR) no haya incluido más “evidencias y antecedentes “probatorios” que hubieran fortalecido las acusaciones contra el extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam, preso por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa.
Durante su intervención, en la conferencia de prensa sobre el caso, Francisco Cox, integrante del GIEI, advirtió que ante la judicialización débil contra Murillo Karam se corre el riesgo de que no se logre una condena, pese a que existe evidencia y pruebas de su participación en la construcción de la “mal llamada verdad histórica”.
Aseguró que desde un principio el GIEI llamó la atención sobre el sistema de justicia mexicano, en el que, dijo, se tiene mayor atención a la detención que a la condena.
“Lo que parece importar es la oportunidad fotográfica de una detención, de un inicio de una vinculación a proceso, sin importar el resultado de esa formalización, indicó.
Dijo que desde agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes comenzó a observar que la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa se había quedado sin policías que asistieran en las investigaciones y que pudieran llevar adelante las diligencias.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentará una prórroga de un mes, ya que este viernes concluye su trabajo, expresó Carlos Beristain, integrante del GIEI.
“Los familiares necesitan certeza, es importante que no haya ambigüedad… hemos pedido una prórroga de un mes por las pruebas, el caso va a necesitar un mecanismo de seguimiento, los familiares lo requieren”, expresó en conferencia de prensa.
Beristain señaló que se requiere un fortalecimiento de la unidad de investigación en el caso de Ayotzinapa, fortalecimiento de las investigaciones, seguridad jurídica para los investigadores.
Abundó que la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj-Ayotzinapa) necesita replantear el papel con los familiares, para que las cosas que han pasado los últimos meses no se vuelva a repetir.
“Han pasado ocho años… durante mucho tiempo escuchamos a los familiares decir pónganse en nuestro lugar y ese sigue siendo un ejercicio fundamental, cada diligencia de búsqueda llega el dolor de la pérdida, los familiares han sido consientes”, puntualizó el experto.
Los expertos comentaron que el Gobierno federal quiere que sigan hasta el 2024.
Tunden a Gertz y a la Sedena
Especialistas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuestionaron la actuación del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, las resistencias de la Secretaría de la Defensa Nacional a entregar información sobre el caso Ayotzinapa.
Durante una conferencia, en la que anunciaron la conclusión de su acompañamiento al caso, los especialistas reprocharon el rumbo que ha tomado la investigación en las últimas semanas.
Así como las resistencias por parte del Ejército para facilitar su labor, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado la orden de abrir archivos.
Incluso cuestionaron la detención de “apresurada” del exprocurador Jesús Murillo Karam, autor de la llamada “Verdad Histórica” y cuya captura, reveló AMLO, fue producto del informe presentado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.
Los especialistas lamentaron la renuncia del Fiscal del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, quien consideraron “actuó con voluntad, con profesionalismo y tenía la confianza de los papás”.
“Por eso, el Grupo reitera que en un Estado de derecho, la Fiscalía no puede tener más consideraciones que las consideraciones probatorias y lograr condenas. Producto de esta judicialización de Murillo se corre el riesgo de que posteriormente no se logre una condena, no obstante existir evidencia y prueba de la participación del ex Procurador en la construcción de la mal llamada ‘Verdad Histórica’“.
Se pone más atención a la detención que en la condena para lograr la foto”, lamentó el abogado penalista Francisco Cox, integrante del GIEI.
En la conferencia, además de Cox, participaron Carlos Martín Beristain, Claudia Paz y Paz y Ángela Buitrago.
Destacaron que “el hecho más grave de intromisión” en las funciones de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa, es cuando se solicita la cancelación de las 83 órdenes de aprehensión, por parte de ministerios públicos externos adscritos al juzgado.
“Se necesita conocer el fundamento de la solicitud de esa cancelación”, demandó el abogado Cox.
Buitrago lamentó que durante la reactivación de las funciones del GIEI, a partir de las gestiones de la actual administración en 2020, ha sido inexistente la relación con Gertz.
“No se nos ha recibido más que una vez al inicio de nuestra relación, no nos ha querido contestar específicamente ni de manera directa sobre la reunión en particular”, dijo.
Recordó que la solicitud de 83 órdenes de aprehensión fue con fundamento y demandó respeto a las decisiones de la justicia.
“Es incomprensible es que un Fiscal que no conoce el asunto, que no sabe por qué están consignados, son más de 600 folios que nunca solicitó el Fiscal que solicitó la revocatoria.
GIEI duda de chats del Gobierno
A un día de que concluya su mandato, el grupo de expertos que la CIDH ha comisionado a México para investigar el caso Ayotzinapa (GIEI) compareció para dar cuenta de los acontecimientos del último mes y medio.
Han pasado muchas cosas en poco tiempo.
Las novedades son constantes, aunque ha tratado una gran variedad de temas, el GIEI dedicó buena parte de su análisis a uno de los aspectos más polémicos de las pesquisas, un puñado de mensajes que forman parte del informe que presentó en agosto la comisión presidencial que investiga el caso, en paralelo a la Fiscalía.
El GIEI criticó a esta parte del informe, supuestas capturas de pantalla de mensajes que intercambiaron integrantes de la red criminal de Iguala en la época del ataque.
Primero, porque su veracidad no está contrastada y así, las conclusiones que pueden sacarse de su lectura, quedan lejos de ser una certeza. Los mensajes contienen información del supuesto destino de los 43 normalistas desaparecidos.
Entre los emisores y receptores de esas comunicaciones no solo habría miembros de Guerreros Unidos, operadores de la desaparición de los estudiantes normalistas, sino también de autoridades, caso del ahora exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, o del comandante entonces de una de las dos guarniciones del Ejército del municipio, el general José Rodríguez. Los dos están presos actualmente.
El grupo denunció también “injerencias” en la investigación que ha llevado a cabo estos años la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA).
Desde mediados de agosto, personal de Asuntos Internos y de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, SEIDO, dijo el GIEI, han ocupado la UEILCA, acelerando partes del proceso, obligando a presentar casos ante el juez antes de hora.
Una de las partes del proceso que la Fiscalía pidió acelerar es la consignación del caso contra Murillo Karam ante el juez. El GIEI reveló además que Asuntos Internos inició una auditoría a la unidad, en un contexto de choque entre su ya extitular, Omar Gómez, y el fiscal general, Alejandro Gertz.
El GIEI reveló además mensajes recopilados por la oficina de la DEA en Chicago, que en la época investigó el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, organizado por Guerrero Unidos y su red. Los chats dibujan un contexto de impunidad que Guerreros Unidos construyó gracias al apoyo de autoridades de todos los niveles de Gobierno.
Según las comunicaciones, los criminales habían obtenido ayuda no solo de militares, sino también de marinos, policías estatales, la central de comunicaciones local, C-4, así como de varios alcaldes y policías municipales.
Sobre el informe de la comisión presidencial, el GIEI, integrado por Ángela Buitrago, Francisco Cox, Claudia Paz y Carlos Beristain, mencionó que “incluir nuevos elementos que no han sido conocidos previamente ni suficientemente contrastados, ha llevado a una enorme confusión sobre las conclusiones del informe y sus revelaciones, así como a la relación de dicho informe con los procesos de judicialización que ya estaban en curso desde tiempo antes”.
El grupo destacó que en estas últimas semanas ha iniciado un proceso de verificación de los mensajes, que aún no concluye.
En cualquier caso, los expertos han señalado que han podido adelantar un poco en el proceso estas semanas. El GIEI recibió una copia del informe sin tachar el 18 de agosto y las imágenes en formato digital que contienen las capturas de pantalla el 23 de septiembre.
De lo que han visto, detallaron que los aspectos menos claros son que “muchos de los mensajes salen con la fecha ‘hoy’ sin que se sepa qué fecha es, otros aparecen en línea, otros aparecen con fecha concreta, de día o mes”.
El grupo añadió que “figuran nombres donde solo aparecen teléfonos, lo que debe ser contrastado para poder deducir a quién pertenecen. En el caso del informe de la comisión, si se hicieron análisis y verificaciones, deben incluirse como explicación del informe, puesto que lo demás deja dudas del procedimiento que se utilizó”.
Buitrago explicó que “el contraste inicial entre los diferentes tipos de interceptaciones telefónicas llevadas en un caso a través de teléfonos Blackberry, caso de las interceptaciones de Chicago, y las fotografías de captura de pantalla presentadas en el informe de la comisión, muestra dos modos muy distintos de uso de terminología, claves y ortografía”.
La experta añadió que “los mensajes incluidos en los documentos de Secretaría de la Defensa y estos chats muestran mayor concordancia formal en esos aspectos. Estas circunstancias deberán ser parte de las cuestiones a esclarecer”.
El caso de los mensajes del informe protagoniza una de las grandes polémicas del caso Ayotzinapa en las últimas semanas, por varios motivos.
Por un lado, la comisión y su encargado, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, integraron centenares de comunicaciones al informe sin un aparente proceso de verificación: si de verdad los emisores y receptores eran los que se dice que fueron, el momento en que se enviaron esos mensajes, etcétera. Así, una de las principales conclusiones del informe, la presunta participación del general Rodríguez en el asesinato de seis normalistas como autor intelectual, queda envuelta en dudas.
Por otro lado, el informe, presentado al público con partes tachadas, se filtró a la prensa hace unos días ya sin tachar. Así, todo el mundo pudo ver detalles de lo que Guerreros Unidos y su red hicieron con los jóvenes, detalles de sus posibles asesinatos y ocultamiento de sus restos.
Sobre la filtración, el GIEI comentó que “lamentablemente, se han dado a conocer muchas de esas comunicaciones antes de que se pudiera verificar la información y, por lo tanto, se ha hecho del conocimiento no solo de los medios, sino del público en general, y obviamente de los presuntos perpetradores, lo que pone en riesgo la judicialización y la prueba para un proceso”.
Aporta Ejército pocos datos
Parte importante de la comparecencia del GIEI apuntó igualmente a la información que el Ejército ha aportado -o no- a la investigación estos años.
En octubre de 2021, la comisión presidencial que investiga el caso divulgó dos comunicaciones interceptadas que la Secretaría de la Defensa realizó a la red criminal de Iguala, en la época del ataque y días posteriores, entre finales de septiembre y principios de octubre de 2014.
Los mensajes revelaban que el Ejército conocía el movimiento de Guerreros Unidos y sus socios en los días posteriores al ataque.
A partir de la información recopilada, su actuar podría haber cambiado la historia, permitiendo una búsqueda más ordenada de los normalistas desaparecidos.
La existencia de esos mensajes señalan además dos cosas, explicó el GIEI.
Por un lado, la existencia de un Centro Regional de Inteligencia, con sede en el 27 Batallón, en Iguala, que la Sedena siempre ha negado.
Por otro lado, implican la existencia, dice el GIEI, de más mensajes.
El grupo de expertos indicó que encontraron un documento, denominado “Panorama general delictivo en Guerrero”, creado en noviembre de 2021, en el que se citan las dos intervenciones de comunicaciones citadas arriba, y se añaden otras realizadas los días 5 y 6 de octubre de 2014.
“Se necesita aclarar de dónde provienen esas interceptaciones y contar con el texto completo de las mismas, donde se habla de un supuesto traslado de los jóvenes a una cueva y de la existencia de fosas donde habrían sido dejados sus cuerpos”, dijo el GIEI.
El grupo añadió que “estos datos son fundamentales para nuevos procesos de búsqueda y aclarar responsabilidades. Posteriormente, hay que determinar si esas interceptaciones, tienen algo que ver o no con los textos de chat presentados en el informe de la comisión presidencial”.
Tiene mes fatídico
El mes fatídico para la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA).
El choque al interior de la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Ayotzinapa ha ocupado también estas semanas al grupo de expertos.
El fiscal general, Alejandro Gertz, desplazó al titular de la unidad y sus integrantes a mediados de agosto, para dar paso al personal de Asuntos Internos.
Ellos se encargaron del proceso contra Murillo Karam, detenido el 19 de agosto, y de cancelar 21 de las 83 órdenes de detención que la UEILCA pidió ese mismo día.
Sobre la cancelación de las órdenes, Carlos Beristain señaló su sorpresa, sobre todo si se comparan los militares cuyas órdenes se cancelaron con las que se ejecutaron. Algunos de los detenidos compartieron ruta en la noche de Iguala con militares cuya orden de detención se canceló.
Francisco Cox explicó que ya en agosto se dieron cuenta de que “algunos procesos de judicialización en marcha se estaban haciendo por fuera de la UEILCA. Se ha llegado al extremo de que se encargó de ello, por parte del Fiscal General, a miembros de la antigua SEIDO y de la entonces Visitaduría de la PGR (actual Fiscalía de Asuntos Internos), que en su momento no llevaron a cabo una investigación independiente de las responsabilidades de algunos presuntos responsables de distintos hechos”.
Cox también señaló que las 83 órdenes de detención son “impecables”.
El experto insistió además en separar el trabajo de la comisión del que ha hecho la UEILCA, de las conclusiones del informe de la agencia gubernamental y las órdenes de detención que pidió el GIEI.
“Las judicializaciones presentadas por la UEILCA no responden de ninguna forma a los chats presentados dentro del informe de la COVAJ.
La información proporcionada por el informe COVAJ sobre supuestos mensajes entre responsables durante los hechos o en fechas inmediatamente posteriores a los mismos, necesita todavía ser corroborada.
En ninguna de las carpetas o averiguaciones con las que se llevó a cabo la judicialización y órdenes de captura de 83 personas por parte de la UEILCA antes del 19 de agosto, obran las capturas de pantalla que reposan en el informe de 18 de agosto de la COVAJ, las cuales deben ser verificadas científicamente y a través de peritajes de evidencia digital para determinar aspectos fundamentales de la prueba”.
Por último, Cox se ha referido a la auditoría que Asuntos Internos ha abierto a la UEILCA. “Si bien es cierto que está dentro de las facultades de la Fiscalía General, a través de la Fiscalía de Asuntos Internos, llevar a cabo auditorías ordinarias y así se presentó esta, llama la atención que en tres años de funcionamiento nunca se había llevado a cabo una en la Unidad”.
El experto añadió que “la auditoría se está llevando a cabo por ocho visitadores. En un comienzo el mandato temporal era entre el 5 y el 8 de septiembre, luego se prorrogó hasta el 14 de septiembre, posteriormente al 21 del mismo mes y luego al 30?.
El GIEI dijo además que la auditoría se centró al principio en la parte de la investigación que se refería a las 83 órdenes de detención, pero eso luego cambió.
“Solamente después del intento del GIEI de conocer sobre esa auditoría se dirigieron a otras carpetas de investigación. Las personas a cargo señalaron al GIEI que se trataba de una medida “habitual y aleatoria”.
Sin embargo, cuando el GIEI preguntó a la encargada de la visitaduría el motivo de la misma, las fechas de inicio o finalización, o los detalles puramente técnicos, la responsable de la misma se negó a ofrecer ninguna respuesta alegando a cada pregunta que se trataba de información confidencial, lo cual no solo es absurdo, sino que muestra opacidad por parte de dichos responsables”.
Varios de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, podrían haber estado vivos hasta una semana después, reveló el GIEl.
En su informe, los especialistas indicaron que, de acuerdo con audios y documentos de la Sedena, se establece que mandos militares pudieron estar enterados de la ubicación de los jóvenes hasta el 4 de octubre de 2014, esto es, una semana después de su desaparición.
“Esos archivos que encontramos en Sedena muestran que el día 26 de septiembre y el 4 de octubre había interceptaciones telefónicas que hablaban sobre los jóvenes, que hablaban de dónde había que mandar a los jóvenes, y algunas de ellas son del día 4 de octubre; es decir, varios días después de los hechos. Esas comunicaciones mostrarían que una parte de los jóvenes estarían vivos en esos días”, explicó Carlos Beristain, médico y psicólogo español.
En su reporte, los especialistas del GIEI destacan que estas “intervenciones técnicas telefónicas” no fueron proporcionadas a la investigación ni a la búsqueda de los desaparecidos.
“En un documento de la Sedena, fechado el 5 de octubre de 2014, se incluyen algunas de estas intervenciones del 26 de septiembre y 4 de octubre de 2014. Esto significa que las autoridades militares y del Cisen estuvieron informadas en tiempo real de lo que ocurría. Sin embargo, esta información no fue compartida con las autoridades encargadas de la investigación, ni hay constancia de que se hubiera hecho alguna actividad de búsqueda específica con la misma”, añade.
Ve campaña contra investigación
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, aseguró ayer que existe una campaña en contra de los resultados de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), debido, dijo, a que están muy cerca de tener certeza sobre lo que ocurrió.
“Estamos tan cerca que por eso tenemos toda esta campaña que pretende desacreditar la investigación”, afirmó.
“Yo no me siento acosado por nadie, yo solamente tengo que cumplir con mis compromisos. Nadie me ha presionado, al menos abiertamente, si alguien quisiera presionarme, que me lo diga”, dijo.
El subsecretario de Gobernación defendió la validez de los chats sobre los que se basó el informe de la Covaj, presentado el pasado 18 de agosto, y sobre el que el GIEI indicó que apenas lo van a revisar con notario para confirmar su validez.
“Se tiene que hacer siempre (la verificación), para su judicialización, todo el análisis pericial”, señaló Encinas.
‘Algunos estarían vivos una semana después’
Varios de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, podrían haber estado vivos hasta una semana después, reveló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEl).
En su informe, los especialistas indicaron que, de acuerdo con audios y documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se establece que mandos militares pudieron estar enterados de la ubicación de los jóvenes hasta el 4 de octubre de 2014, esto es, una semana después de su desaparición.
“Esos archivos que encontramos en Sedena muestran que el día 26 de septiembre y el 4 de octubre había interceptaciones telefónicas que hablaban sobre los jóvenes, que hablaban de dónde había que mandar a los jóvenes, y algunas de ellas son del día 4 de octubre; es decir, varios días después de los hechos. Esas comunicaciones mostrarían que una parte de los jóvenes estarían vivos en esos días”, explicó Carlos Beristain, médico y psicólogo español.
En su reporte, los especialistas del GIEI destacan que estas “intervenciones técnicas telefónicas” no fueron proporcionadas a la investigación ni a la búsqueda de los desaparecidos.
“Los documentos confirman que el Ejército (así como el Cisen) tenía intervenidas las comunicaciones de actores relevantes en los hechos, incluso cuando estaban ocurriendo, sin que consten autorizaciones judiciales para ello ni se conozca el contenido completo de las mismas”, señalan.
“En un documento de la Sedena, fechado el 5 de octubre de 2014, se incluyen algunas de estas intervenciones del 26 de septiembre y 4 de octubre de 2014. Esto significa que las autoridades militares y del Cisen estuvieron informadas en tiempo real de lo que ocurría. Sin embargo, esta información no fue compartida con las autoridades encargadas de la investigación, ni hay constancia de que se hubiera hecho alguna actividad de búsqueda específica con la misma”, añade.
La guatemalteca Claudia Paz afirmó que un grupo de jóvenes fue llevado el 26 de septiembre ante el entonces el juez de barandilla de Iguala, Ulises Bernabé.
“A un grupo de jóvenes lo llevaron esa noche a las barandillas municipales, probablemente el grupo de jóvenes que fueron privados de la libertad en la Calle Juan N. Álvarez. Consideramos que sí. Así lo hacemos ver en este tercer informe”, planteó la especialista en derecho penal.
‘¿Quieren a Peña?, que hable Murillo’
La única manera de procesar al exmandatario Enrique Peña Nieto, por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa, es mediante una confesión del exprocurador Jesús Murillo Karam, consideró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dijo que el mexiquense no puede ser incluido entre los acusados, porque sería necesario que el hidalguense declarara que recibió orden de Los Pinos para fabricar la “verdad histórica”.
“Porque también están diciendo: ‘Bueno, ¿y por qué no, hasta mi amigo Epigmenio, y por qué no Peña?, que acompañe a Murillo Karam’. Pues que Murillo hable, que diga si le dieron instrucciones, porque en el documento no aparece como responsable Peña, aparece Murillo”, aseveró.
Al ser cuestionado sobre la suspensión que un juez otorgó al extitular de la PGR, el Presidente consideró que tiene derecho a defenderse y a usar todos los recursos legales.
Sin embargo, reiteró que fue el propio Murillo Karam el que aceptó, públicamente, que él fue el responsable de la fallida indagatoria.
“Él tiene el derecho de defenderse, sólo que la Fiscalía está presentando todas las pruebas para demostrar que el licenciado Murillo Karam, que era Procurador, fue el responsable de la fabricación de lo que se llamó la verdad histórica, es decir, de cómo distorsionaron o cambiaron los hechos”, refirió.
(Con información de El País, Agencia Reforma y Agencia El Universal)
PM
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