Ciudad de México.– Un juez federal desechó el amparo con el que el General José Rodríguez Pérez pretendía que fuera invalidado el informe de la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa, y le prohibieran a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, señalarlo públicamente como responsable del asesinato de 6 de los 43 normalistas.

Agustín Tello Espíndola, Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, resolvió el desechamiento al concluir que la demanda de garantías del ex comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala es notoriamente improcedente.

El argumento del impartidor de justicia es que los actos que reclama el General no tienen un efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo reclamo.

Este juicio de garantías originalmente fue presentado por el militar ante Erik Zabalgoitia Novales, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, pero éste resolvió no darle trámite a la demanda de garantías y turnarlo al juez Tello Espíndola, al estimar que era un asunto de naturaleza administrativa y no penal.

 

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.

En esta demanda, Rodríguez Pérez reclamó a la justicia federal declarar inconstitucional el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, rendido el 18 de agosto por Alejandro Encinas.

También pidió prohibirle al ex secretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación referirse a su persona como responsable de ordenar la ejecución de 6 de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como lo señala el informe anunciado en la fecha citada.

Estos señalamientos al General derivan de unos chats que hasta el día del informe no habían sido entregados a la FGR y de los que no hay una verificación científica de su autenticidad.

El fallo del juez Espíndola puede ser recurrido por la defensa del militar, a través de un recurso de queja.

El General se entregó a las autoridades el pasado 14 de septiembre en la Ciudad de México y desde entonces se encuentra preso en el Campo Militar Número 1. El juicio que se le sigue es por presuntamente tener vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos, no por la desaparición de los normalistas.

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