Guatemala.– El cardenal guatemalteco Álvaro Ramazzini anunció el lunes junto a políticos y organizaciones defensoras de los derechos humanos la creación de un frente llamado Convergencia Nacional de Resistencia con el que, sostuvieron, buscarán hacer frente a la corrupción, la cooptación del Poder Judicial y la persecución de quienes luchan contra la corrupción.
“Sin perder la esperanza y el espíritu de lucha de la ciudadanía hacemos este llamado que inicia hoy… Queremos ser propositivos y reafirmar la necesidad de esta convergencia”, expresó en conferencia de prensa Ramazzini con su cuello clerical y un crucifijo. El obispo y cardenal actualmente dirige la diócesis de Huehuetenango.
La comunidad internacional ha lanzado su voz de alarma por lo que considera un debilitamiento del Estado de Derecho y las garantías de la población, específicamente por la criminalización que han denunciado funcionarios de la justicia, varios de los cuales se han exiliado, por sus fallos contra la corrupción y en casos sobre crímenes de la guerra civil (1960-1996).
Ramazzini es considerado uno de los líderes religiosos más influyentes en la región, con una cercana relación con el papa Francisco, que incluso le pidió no jubilarse cuando cumplió los 75 años.
Entre los temas prioritarios del frente opositor están promover acciones sin violencia en contra de la criminalización de los operadores de justicia, periodistas, jueces y fiscales procesados o detenidos, así como aquellos que se han exiliado “por haber defendido la justicia en el país”, dijo el obispo.
Agregó que su investidura religiosa no es contraria a la política porque “el término de política en el sentido originario de la palabra es promoción del bien común” y agregó que cuando habla de política no lo hace de política partidista.
“Yo, como obispo, no debo bajo ningún punto de vista involucrarme en una política de partido. Yo trato de mantener mi neutralidad en eso, pero es difícil mantener la neutralidad cuando uno se da cuenta de las situaciones”, explicó. El objetivo de la nueva Convergencia Nacional de Resistencia es hacer visible “la problemática que está afectando la realización del bien común”.
Ramón Cadenas, un abogado que acompañó a Ramazzini, dijo que es necesario un frente común en respuesta a un Estado “clasista, excluyente y racista”.
Desde el 2019 Guatemala ha vivido una escala de criminalización y violaciones a los Derechos Humanos, según han denunciado activistas. La mayoría de acciones se fueron recrudeciendo con la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que desarticuló estructuras incrustadas en el Estado guatemalteco que estaban cometiendo actos de corrupción.
En 2019, el entonces presidente Jimmy Morales decidió no renovar el mandato de la CICIG, un órgano de Naciones Unidas, luego de que la comisión también investigara a sus familiares por actos de corrupción y quienes tras el fin y salida de la comisión fueron absueltos.
En 2020 con la llegada del gobierno del presidente Alejandro Giammattei se frenaron las investigaciones de corrupción que realizaba el Ministerio Público, cuya jefa es Consuelo Porras; varios procesos fueron revertidos y fiscales y jueces denunciaron criminalización por sus fallos.
Los casos de mayor trascendencia son las salidas del exfiscal Juan Francisco Sandoval, la exjueza Erika Aifán y la exmagistrada Gloria Porras, todos exiliados en Estados Unidos. En 2021, el gobierno estadounidense sancionó a Porras, que es amiga del presidente Giammattei, retirándole la visa de entrada según indicó por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia en el país.
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