Argentina.- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, iniciará acciones judiciales contra uno de los participantes del programa “Gran Hermano” que emite un canal de la televisión local si no se retracta de sus dichos en los que involucró al mandatario en hechos de corrupción.
Gregorio Dalbón, abogado del mandatario, indicó el jueves en su cuenta de Twitter que Fernández le instruyó que demande a Walter Santiago, apodado “Alfa” en el programa de gran audiencia, y también a la cadena de televisión Telefe en caso de que persistan las “injurias” en su contra.
Santiago, de 60 años, dijo durante una charla con varios compañeros de la casa donde todos conviven que el mandatario argentino le había ofrecido dinero a cambio de motivos que no especificó.
“A Alberto Fernández lo conozco hace 35 años. Fernández a mí me coimeó (sobornó) un montón de veces. Lo conozco muy bien… hay muchos políticos que se han atado al poder y han hecho fortunas con la política”, afirmó “Alfa”, quien dice dedicarse a la compra venta de automóviles.
En su video de presentación para participar en el programa el hombre sostuvo que “nunca nadie me mandó ni me dijo lo que tenía que hacer y en la casa tampoco nadie va a decirme qué tengo que hacer”.
La portavoz presidencial Gabriela Cerruti señaló en su cuenta de Twitter que Fernández “hizo de la transparencia un propósito central de su gestión en la función pública” y rechazó ante periodistas las críticas que recibió de la oposición por haber dirigido desde la víspera varios cuestionamientos al participante del programa televisivo cuando existen otros problemas en Argentina como la acelerada inflación, la pobreza y el desempleo.
“Me llama la atención que gente que en las redes siempre está dispuesta a dar lecciones sobre lo que hay que hacer, cree que no tenemos que prestarle atención a lo que sucede en un programa de interés masivo”, sostuvo Cerruti.
Detenidos por incitación a violencia en Argentina
Los líderes de una agrupación argentina que arremete contra la clase política en las redes sociales y en manifestaciones callejeras fueron detenidos el jueves en el marco de una causa judicial que los investiga por presunta incitación a la violencia y en la que es querellante la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, víctima de un fallido atentado en septiembre.
Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, de la agrupación Revolución Federal, fueron arrestados durante los allanamientos realizados en cercanías de Buenos Aires por la Policía de Seguridad Aeroportuaria tras la orden impartida por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, dijo a The Associated Press un funcionario conocedor de la causa que no reveló su identidad por ser una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario.
La también exmandataria (2007-2015) fue aceptada el martes como querellante en esta causa judicial, que tiene un punto de contacto con la del intento de atentado que sufrió el 1 de septiembre, ya que Brenda Uliarte -una de las cuatro personas detenidas por el ataque por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti– participó en agosto en una marcha contra el Kirchnerismo organizada por Revolución Federal.
El grupo, que no se autodefine como político y se siente afín al liberalismo económico que propugna la derecha más conservadora, convocó a la llamada Marcha de Antorchas frente a la Casa Rosada y bajo la consigna “cárcel o bala” al gobierno del presidente peronista Alberto Fernández y al sector que lidera Fernández de Kirchner, los participantes arrojaron teas encendidas sobre las vallas que rodean la sede gubernamental.
El juez que ordenó la detención de sus líderes considera que difundieron amenazas y mensajes violentos contra la vicepresidenta y otras figuras del espacio político de centroizquierda que lidera.
Una cuarta persona, identificada como Sabrina Basile, miembro del grupo e hija de Alfio “Coco” Basile -extécnico de Boca Juniors, entre otros equipos de futbol argentinos, y de la selección nacional- es buscada por la policía, dijo el funcionario conocedor de la pesquisa.
Los abogados de la exmandataria sostienen que habría vínculos de Revolución Federal con quienes intentaron asesinarla y buscaron que las dos causas en curso se unifiquen en el juzgado de Capuchetti, pero la jueza indicó que esa agrupación no está siendo investigada por el ataque y finalmente una instancia judicial superior decidió que ambas pesquisas se tramiten por separado.
La agrupación liderada por Morel y Sosa, de 23 años, tiene fuerte presencia en redes sociales, donde dispara sus dardos contra la clase política y particularmente contra el Kirchnerismo, al que tilda de corrupto e incapaz.
En una entrevista con AP mantenida días atrás, Morel desvinculó a todos los integrantes del grupo del intento de atentado a la exmandataria y dijo no conocer a Uriarte, imputada como coautora del ataque.
“Nunca nosotros planificamos un atentado, nunca fue nuestra intención matar a nadie… Nosotros nos enteramos de que la detenida estuvo en la Marcha de las Antorchas a las horas de producirse el ataque, cuando dijeron (los medios de prensa) que esa chica estuvo en la protesta”, afirmó Morel.
El joven, quien es dueño de una carpintería en las afueras de la capital, dijo además que los políticos “roban, no piensan en la gente y se mantienen ajenos a lo que vivimos la mayoría de la sociedad”.
Sostuvo asimismo que las manifestaciones verbales y callejeras de su grupo, empleando palabras y simbología violentas, son “la única manera que podamos hablar de los problemas que tenemos en Argentina y de hacernos escuchar”.
En la causa instruida por Martínez de Giorgi se investigan, entre otros hechos, audios intercambiados entre Morel y otro joven durante una transmisión en vivo realizada en agosto a través de la plataforma Twitter Space, en los que hablan del deseo de infiltrarse entre los simpatizantes de la vicepresidenta que se reunían en aquel entonces en las cercanías de su vivienda en Buenos Aires, con el fin de hacerla “pasar a la historia”.
En una de esas congregaciones que se formó luego de que un fiscal pidió para la vicepresidenta una condena de 12 años de cárcel por presunta corrupción, el brasileño residente en Argentina, Fernando Sabag Montiel, apuntó y gatilló una pistola contra la exmandataria, pero la bala no salió. Fue detenido de inmediato y Uriarte -su novia y quien estaba en las cercanías del lugar- fue arrestada tres días más tarde.
En el marco de la investigación sobre la financiación de las actividades de Revolución Federal, el juez también ha puesto la lupa en los fideicomisos “Espacio Añelo”y “Santa Clara del Sur” que pertenecerían a la empresa “Caputo Hermanos”, de los hermanos de Luis Caputo, exministro de Finanzas del gobierno del presidente Mauricio Macri (2015-2019), uno de los opositores al Kirchnerismo.
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