Un reino fundado en la injusticia nunca dura”.
Séneca
La decisión de la fiscalía electoral de sobreseer (cancelar) el caso de Pío López Obrador manda el mensaje preocupante de que ya es legal para donantes anónimos aportar dinero en efectivo a partidos políticos y candidatos. No es lo que dice la ley, pero la fiscalía lo ha avalado. Otro mensaje es que fue falsa la idea de que José Agustín Ortiz Pinchetti, un político respetado a lo largo de una prolongada trayectoria, podía ser un fiscal electoral independiente pese a su cercanía con el presidente López Obrador.
El hermano del presidente nunca negó haber recibido el dinero. En una entrevista con Expansión Política aseguró que el recurso era para “apoyar al movimiento con el tema de gastos menores, como gasolinas”. Es confesión de parte.
El sobreseimiento, con el argumento de que no había “pruebas suficientes”, se antoja como una burla de una Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) que en el pasado se desempeñó en buena medida de manera imparcial. Es significativo, por otra parte, que la institución busque culpar de su decisión a un juez de amparo: “Aun cuando se estaban desahogando diligencias de investigación con motivo de las recientes declaraciones públicas del señor Pío L., el ministerio público de la federación, en acatamiento estricto a lo ordenado por el juez de amparo, determinó el no ejercicio de la acción penal por carecer hasta el momento de pruebas suficientes y fuera de toda duda sobre las responsabilidades penales correspondientes”.
Me parece curioso que la fiscalía electoral afirme que está teniendo que apresurar una decisión por hechos cometidos en 2015 que se dieron a conocer en agosto de 2020. De hecho, durante un año y dos meses, según la defensa de Pío, la FEDE no practicó diligencia alguna. El propio Pío demandó al fiscal para que cumpliera con su responsabilidad y concluyera el asunto.
Ortiz Pinchetti declaró que el caso era en realidad muy sencillo, pero que el hermano del presidente “enredó el asunto terriblemente” al declarar a los medios que sí recibió dinero. Al parecer quería que Pío mintiera, sin importar que todo el país había visto los videos que lo mostraban recibiendo dinero de David León.
El caso de Pío ratifica el recuento que ofrece el libro El rey del cash de Elena Chávez sobre la manera en que el hoy presidente López Obrador financió sus actividades en los años en que estuvo en campaña permanente. Las aportaciones en efectivo eran su forma de operar. El propio AMLO y sus colaboradores estaban conscientes de la ilegalidad de esta manera de obtener recursos y por eso advertían a los operadores: “Si te descubren, te echas la culpa y te quedas callado”.
Recibir dinero no es ilegal, me dice Pablo Hernández Romo, abogado de Pío. Quizá. Pero los partidos políticos tienen obligación de reportar todas las aportaciones que obtengan. Pío afirma que recibió el dinero para el “movimiento”, pero aclara que el movimiento no es el partido. Si es así, sin embargo, se abre una puerta enorme para que todos los partidos y candidatos reciban dinero en efectivo a través de algún “movimiento”.
La exoneración de Pío es ya definitiva, no hay posibilidad de apelación. Las consecuencias, empero, serán muy negativas para la equidad y la transparencia electorales. Resulta que, a pesar de lo que dice la ley, los políticos sí pueden recibir aportaciones en efectivo, si es a través de un “movimiento”. También es claro que al fiscal especial Ortiz Pinchetti le importa más la lealtad a su jefe que lo que ordena la ley.
Sin juez
“Si se encontró de que el ministerio público, el juez, actuó por consigna o hubo influyentismo, que se revise o que se presente una nueva denuncia”, dijo ayer el presidente. Parece que no se ha enterado que el asunto de su hermano ni siquiera llegó a un juez. El fiscal Ortiz Pinchetti exoneró a Pío sin presentar acusaciones ante un tribunal.
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