El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas que endurecen las penas para los delitos de feminicidio y de homicidio cuando éste se cometa en violación de una medida cautelar.

Ciudad de México.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas que endurecen las penas para los delitos de feminicidio y de homicidio cuando éste se cometa en violación de una medida cautelar.

Las modificaciones a diversas leyes y al Código Penal Federal fueron avaladas en medio de críticas de la oposición, que advirtió que sin recursos presupuestales, éstas serían insuficientes para modificar el contexto de violencia por el que atraviesa el País.

Con 455 votos a favor y 24 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General de Víctimas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal para establecer que la pena por el delito de feminicidio aumentará hasta en un tercio cuando la víctima sea menor de edad, esté embarazada, sea adulta mayor, padezca alguna discapacidad o el agresor sea un servidor público.

Actualmente, el Código Penal Federal sanciona con penas de entre 40 y 60 años de prisión el delito de feminicidio.

El dictamen agrega como uno de los criterios para acreditar como “razón de género” los antecedentes de violencia en el ámbito comunitario y político, el parentesco por consanguinidad o afinidad y la existencia de una relación sentimental, afectiva, laboral, docente, de confianza o de hecho entre alguna de las partes, así como los antecedentes de amenazas, ya sea directas o indirectas.

Eliminan derechos del imputado sobre sus hijos

La reforma elimina también los derechos del imputado sobre los hijos de la víctima y establece la obligación de los estados y de la Federación de contar con Fiscalías especializadas para la atención de delitos contra las mujeres y de Centros de Justicia.

Además, señala como medidas de reparación del daño la declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima y de las personas vinculadas, la disculpa pública y la aceptación de la responsabilidad cuando en el delito participe un servidor público.

JRL

 

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