Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio”.
Joan Manuel Serrat
La explicación era inteligente y contundente. La Comisión para la Verdad determinó que la verdad histórica sobre los hechos de Iguala era una simple cortina de humo para ocultar un crimen de Estado. El único problema es que las pruebas han resultado falsas. “Toda investigación tiene sus éxitos y fracasos”, le dijo al New York Times Alejandro Encinas, presidente de la comisión. Aquí los fracasos, sin embargo, son abrumadores.
Una de las partes fundamentales de la nueva verdad eran unos supuestos mensajes de WhatsApp que demostraban el involucramiento de altos mandos del Ejército en el secuestro y asesinato de los normalistas de Ayotzinapa. Quizá el propio Encinas dudaba de su veracidad, porque estaban completamente tachados en la versión del informe que difundió el 18 de agosto. Cuando más tarde se dieron a conocer versiones sin censura, mostraban una versión de lo ocurrido radicalmente distinta a la verdad histórica. Se entendió por qué Encinas había declarado el 18 de agosto, haciéndose eco del movimiento Ayotzinapa: “Fue el Estado”.
Por lo menos algunos de los mensajes han sido descartados como presuntamente falsos. “No tienen suficientes elementos para confirmarlos”, le dijo Encinas al Times. ¿Fueron falsificados? “Todo es posible”, apunta. “No hay garantía de 100 por ciento”.
Otras pruebas se han caído también. Encinas sostenía que Tomás Zerón, quien fue titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República de Jesús Murillo Karam, tenía los secretos para poner al descubierto una gran conspiración para ocultar lo ocurrido con los normalistas. Por eso Encinas lo visitó en Israel, donde ha pedido asilo político, y le ofreció un “criterio de oportunidad”: reducir su posible castigo declarando lo que el gobierno quería escuchar. Encinas le dijo que tenía el “apoyo del presidente”, según una grabación a la que ha tenido acceso el Times. “El presidente no quiere meter a nadie en la cárcel”. Era una oferta tentadora; Zerón, después de todo, podría ser condenado a 60 años de cárcel si se le encuentra culpable. “Se negó a aceptarlo”, declaró Encinas el 18 de agosto. “Yo espero que todavía lo esté pensando”.
Encinas no entiende por qué Zerón no ha traicionado a sus superiores, pero quizá la razón es que no hay nada que ocultar. Liora Turlevsky, la abogada de Zerón, le dijo al Times que la reunión entre Encinas y Zerón demuestra “que las acusaciones contra mi cliente son una seria calumnia y cacería de brujas que se realizó por intereses políticos internos”.
Las demás acusaciones pergeñadas por Encinas y el fiscal especial Omar Gómez Trejo se han desmoronado también. La Fiscalía General de la República se desistió de 21 de las 83 órdenes de aprehensión emitidas el 19 de agosto. Encinas acusó públicamente al general brigadier José Rodríguez Pérez, ex comandante del 21 Batallón de Infantería de Iguala, de haber ordenado el asesinato de seis normalistas, pero cuando se presentaron las acusaciones formales ya no estaban incluidos los asesinatos. Se le ha iniciado proceso por proteger a miembros del crimen organizado, pero al parecer la única prueba es un testimonio de oídas de un “testigo colaborador”, Gildardo López Astudillo, quien antes había confesado haber mandado matar a los estudiantes.
No sorprende que Encinas se vea obligado ahora a reconocer la debilidad de sus pruebas. Muchas se antojaban inverosímiles desde un principio. El problema es que el gobierno de López Obrador se queda con dos versiones de lo ocurrido en Iguala: la “verdad histórica” y la “verdad falsa”.
704,358
En 2020 y 2021 se registró un exceso de mortalidad de 704,358 personas por todas las causas (estimaciones de canales endémicos del INEGI). Es el costo humano de una pandemia que el subsecretario de salud consideró no sería tan peligrosa como la influenza.
www.sergiosarmiento.com