La diferencia entre decir que el fallecimiento de Ariadna Fernanda fue por broncoaspiración derivada de intoxicación alcohólica y por trauma múltiple, es gigantesca. Están nuestras autoridades podridas en corrupción o infectas de incompetencia, acaso ambas. La muerte de la joven no es ejemplo aislado, van al menos dos casos que fueron mediáticos y seguramente, me temo, serán muchísimos más los enterrados en la arena del desconocimiento social y encarpetados en oficinas indolentes.
El domingo 30 de octubre Ariadna Fernanda López Díaz salió con amigos a un bar en la colonia Condesa, de la Ciudad de México. Al día siguiente fue hallada muerta sobre la autopista La Pera-Cuautla. Muy pronto la Fiscalía de Morelos descartó el caso como un feminicidio y señaló que la causa de muerte fue intoxicación alcohólica y broncoaspiración.
Sin embargo, días después la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó su propio dictamen e indicó que Ariadna Fernanda murió por trauma múltiple, es decir, habría sido asesinada. ¿Cómo pueden autoridades que supuestamente cuentan con especialistas forenses disentir tan notablemente en el análisis de un caso?
Sobre ello, la jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum acusó al fiscal de Morelos Uriel Carmona Gándara de tener nexos con Rautel ‘N’, quien fue detenido por su presunta relación con la muerte de la joven; también fue arrestada Vanessa ‘N’ como supuesta coautora material.
En abril de este año se conoció el caso de Debanhi Escobar, en Monterrey, Nuevo León, en el que también hubo necropsias con resultados contradictorios y otras irregularidades que enlodaron tanto las investigaciones como a las autoridades responsables.
Recientemente el gobernador de Hidalgo Julio Menchaca Salazar mencionó que el combate de actos delictivos como el huachicol se complica porque además de la capacidad de organización y violencia que han alcanzado grupos dedicados a ello, en muchas ocasiones cuentan también con el apoyo de la población en sus áreas de control e influencia.
Dicha situación ocurre no solo en Hidalgo sino en todo México. Tanto los cuerpos de seguridad como las autoridades encargadas de impartir justicia, en todos los niveles, están completamente desacreditadas ante una sociedad que padece sus instituciones constantemente. En ese terreno, el distanciamiento con los gobiernos y la protección al crimen organizado que al menos tiene un vínculo con las poblaciones donde se encuentra, son comprensibles.
Frente a casos mediáticos, las autoridades se apresuran para colocarse delante de micrófonos y asegurar que hacen su trabajo, que son eficientes y que llegarán hasta las últimas consecuencias, sin impunidad ni corrupción, todos los clichés de comunicación social que, en realidad, pretenden enmascarar el desinterés y la omisión que hay para las víctimas.
Entonces, el escenario es que las personas y organismos gubernamentales encargados de garantizarnos seguridad y justicia están corruptas, o bien, son incompetentes. Qué desamparo.
La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo