A tres semanas de que se cumplan los primeros cien días del llamado gobierno de la transformación en Hidalgo, las universidades tecnológicas y politécnicas, así como sus implicaciones financieras, representan una piedra en el zapato.

La Universidad Politécnica de Pachuca (UPP), siempre inmersa en escándalos, no ha podido solventar aún observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por 18.6 millones de pesos correspondientes a su cuenta pública 2021.

Entre académicos, administrativos y estudiantes que padecen a los directivos de la institución, se preguntan si la nueva administración estatal, la que profesa el cambio real, permitirá que la federación fiscalice a cada involucrado.
  
Por ejemplo, el secretario administrativo, Jorge Alfredo Fernández Salas data desde que se fundó la UPP hace 19 años y rector tras rector lo ha conservado por “conveniencia operacional”, según afirman a quienes así lo ha presumido.

Este personaje está casado con la exdirectora de Administración del Poder Judicial, Irma Graciela Reyes Monzalvo, hermana de Gerardo, Ricardo y Roberto, y su padrino de bodas, según alardea, es el gobernador, Julio Ramón Menchaca.

Aunque sin duda, Fernández Salas debe ser un experto en el manejo financiero, pues con un sueldo mensual neto de 36 mil 923.80 pesos conduce una camioneta y un sedán que, según el modelo, superan fácil los 700 mil y 500 mil pesos. 

Otro personaje que deberían observar las autoridades federales y estatales es el profesor investigador, Jaime Aguilar Ortiz, quien se autonombra “El zar de las licitaciones” porque se especializa en conseguir recursos para la UPP.

Sin embargo, durante la rectoría de Sergio Arteaga Carreño quien se encargaba de “bajar” recursos era el actual rector, Marco Antonio Flores González a través de Aguilar Ortiz, cuando de acuerdo a su cargo debería impartir cátedra.  

El pasado lunes 31 de octubre la periodista Lourdes Naranjo publicó en AM Hidalgo una nota informativa que da cuenta de las cuatro observaciones que hizo la ASF a la UPP referentes a la nómina y al uso de algunos subsidios federales.

DIEZMO ELECTORAL

Y mientras la administración de Marco Antonio Flores González intenta zanjar las observaciones de la ASF, sobre el pago no justificado de 154 trabajadores, con el dicho que es consecuencia de un vacío en la normatividad, trabajadores acusan que durante el pasado proceso electoral para renovar la gubernatura en Hidalgo fueron obligados a cooperar económicamente, con interacciones en redes sociales y votos. Quienes se negaron entonces, enfrentan ahora acoso laboral, pues la camarilla que controla a la UPP se declara muy segura con el nuevo gobierno.