Neolinx y Santiago Nieto Castillo

Neolinx de México va por la licitación que lanzó el gobierno de Hidalgo, a petición de la procuraduría estatal, para adquirir un software de geolocalización que permite rastrear y ubicar usuarios de números celulares en cualquier parte del mundo y en tiempo real.

Esta empresa, representada por Edgar Iván Calderón Toledo, fue la única que participó en la junta de aclaraciones para proveer el software que solicitó la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), cuyo encargado de despacho es Santiago Nieto Castillo.

La presentación y apertura de proposiciones de esta licitación será el 17 de noviembre, señala el procedimiento publicado en el sitio de internet de la Oficialía Mayor, dirección general de compras públicas del gobierno de Hidalgo.

Lanzar la licitación para adquirir un software muy polémico y no ocultarlo es un punto a favor para el gobierno de Hidalgo, ahora emanado de Morena, pero no es suficiente. 

Ya que el uso de estos artefactos debe estar sujeto al escrutinio público en la medida de lo posible.

Como detallan las bases de licitación, el software puede ser empleado para ubicar sobrevivientes de desastres naturales o rastrear criminales que en el caso de Hidalgo principalmente están relacionados con el robo de hidrocarburo en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), desaparición de personas y secuestros.

La eficacia de este software de geolocalización, por ende, debería medirse en la disminución de las tomas clandestinas y la incidencia delictiva, así como en un aumento de las detenciones de los principales líderes del crimen organizado en la entidad y rescate de personas secuestradas en riesgo de morir.

Ante cualquier posible señalamiento de espionaje o vigilancias ilegales, debe prevalecer la transparencia en el actuar gubernamental como en la actual licitación.

CONNECTAS, plataforma periodística para las Américas, y e-consulta publicaron en septiembre pasado que el sistema Geomatrix, licencia especializada en la intervención de geolocalizaciones para hallar personas, de la empresa Neolinx, fue el favorito de gobiernos estatales pues recibió 147 millones de pesos por 42 contratos obtenidos de 2018 a 2021.

Los periodistas resaltan que no todos los gobiernos de los estados publicaron estas licitaciones como parte de sus obligaciones de transparencia, por el contrario la mayoría trató de ocultarlas. Incluso el número de intervenciones y sus resultados son un misterio.

Tal investigación obtuvo datos por medio de 614 solicitudes de acceso a la información pública, de la revisión de los 32 portales de transparencia estatales y contrataciones federales en el sistema Compranet.

Así, dedujo que compraron sin atribución legal y por adjudicación directa el software de la empresa Neolinx la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur con Carlos Mendoza Davis como gobernador; y la Comisión de Búsqueda de Tabasco con el mandatario Adán Augusto López Hernández, ahora secretario de Gobernación.

Apunta que “los gobiernos pueden realizar intervenciones a comunicaciones privadas a través de dos vías legales: una es por petición a un juez Federal que considere útil esa información para la persecución de delitos; mientras que, en el caso de intervención a geolocalizaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en el amparo de revisión número 964/2015 que cuando se presuma que existe un peligro para la vida o integridad de una persona puede hacerse sin orden judicial, aunque no se definen criterios para prevenir interpretaciones erróneas”.

“Solo las fiscalías estatales (es el caso de Santiago Nieto para Hidalgo) y la federal, junto con la GN, así como el Centro Nacional de Inteligencia pueden solicitar a jueces federales las intervenciones, por lo que también deberían ser las únicas que podrían ejecutar estas tecnologías”.

Además, el gobierno de Hidalgo lanzó una licitación con tal de adquirir módulos para el rastreo de redes sociales, los cuales procesan gran cantidad de datos y los transforma en inteligencia, también a solicitud de la PGJEH.

No hay registro de que algún licitante acudiera a la junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones será el 17 de noviembre.