“La competencia es un pecado”.
John D. Rockefeller
Ahora tenemos la competencia de marchas, a ver quién la tiene más grande. Tanto le caló al presidente López Obrador la manifestación del 13 de noviembre que decidió no esperar hasta el 1o de diciembre y en su programa de televisión anunció que, porque el público lo pidió, encabezará una marcha: “Ayer mismo empecé a recoger opiniones, y como lo nuestro tiene que ver con el mandar obedeciendo, la gente quiere que marchemos el 27, un domingo, porque me plantearon, por el Zócalo, el jueves es día laboral. ‘Queremos ir muchos'”.
No tengo duda de que AMLO, siempre avezado en marchas y plantones, y que además hoy cuenta con todos los recursos del Estado, logrará reunir más manifestantes que la movilización del 13 de noviembre, especialmente si el punto de comparación son los 10 mil o 12 mil que calculó el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Le bastarían 13 mil. Pero, molesto ante el éxito de la marcha ciudadana, buscará demostrar que su poder de convocatoria rebasa el de cualquiera.
Las manifestaciones no son, a mi juicio, el escenario adecuado para construir una reforma electoral. Los desplantes para mostrar quién es más fuerte me parecen, si acaso, ejercicios para el arenero de un jardín de niños. La legislación en este tema no se presta a lemas fáciles que se puedan corear en las calles, como “El INE no se toca”, o el que se le vaya a ocurrir al presidente este domingo, que podría ser “Defendamos la democracia”. López Obrador lo demuestra con el desconocimiento de su propia reforma. Aunque una y otra vez ha exigido acabar con los diputados y senadores plurinominales, ha presentado una iniciativa que descarta a los legisladores de mayoría relativa y deja solo plurinominales.
Esta pueril guerra de marchas no ayudará a construir un mejor régimen electoral. Sí es posible, claro, tener un sistema menos costoso y burocrático, pero el presidente quiere imponer reglas que favorezcan a su partido. Busca evitar a toda costa un triunfo de la oposición en el futuro. Para eso necesita controlar la designación de los nuevos consejeros y magistrados electorales. Esto lo lograría con la elección popular en listas propuestas por el Poder Ejecutivo, que controla, el Poder Legislativo, donde tiene mayoría absoluta, y el Poder Judicial, en que cuenta con cuando menos cuatro ministros. Es lógico que la oposición rechace esta propuesta.
El Presidente tiene prisa. Su fiel escudero en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, ha anunciado que, si la oposición no presenta una alternativa, el 23 de noviembre se discutirá en comisiones la iniciativa presidencial y el 29 o 30 pasará al pleno. AMLO quiere que toda la reforma quede terminada antes del cierre del período ordinario de sesiones en diciembre, y sus deseos son órdenes. La idea de que se revisarían cientos de propuestas anteriores de otros partidos se revela como una mentira más.
Ante la resistencia de la oposición a suicidarse, el Plan B del Presidente se convierte en el siguiente paso. El régimen cambiará todo lo que pueda, aunque viole la Constitución, con la idea de que si hay una controversia constitucional los cuatro ministros en su bolsillo impedirán una declaratoria de inconstitucionalidad, que requiere ocho votos de 11. Después habrá que elegir a incondicionales para tres de los cuatro puestos de consejeros electorales que entrarán en funciones en 2023. La idea es cargar los dados de antemano.
El tema de fondo se dirimirá en el Congreso. Es lo correcto. Mientras tanto, la oposición y el gobierno organizan marchas para ver quién la tiene. más nutrida.
Cuates
Donald Trump “es capitalista y no es perfecto, pero es buena persona y lo respeto”, dijo ayer AMLO. En realidad, la simpatía entre el expresidente y el autor del libro Oye, Trump, que pretendió ser crítico, es evidente desde hace tiempo. Son muy similares en pensamiento, palabra y obra.
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